Martha Colmenares

Así como en el día de hoy en Venezuela ésta es la noticia más relevante, España debe conocerla, porque José Antonio Gamallo, de nacionalidad española, se cuenta entre los asesinados junto a otros compatriotas venezolanos, el 11 de abril del 2002, día de una marcha de más de 1.200.000 personas, que fue masacrada, en la cual cayeron 19 ciudadanos y hubo cientos de heridos de gravedad, con daños irreversibles.

Y en estos momentos la CIDH escuchará por primera vez testimonios sobre el 11 de Abril, y 7 de los fallecidos, quienes serán representados por la organización VIVE, presidida por Mohamad Merhi, en la cual el Estado explicará por qué no hay condenados por las muertes

“Esta fue una petición de VIVE, ONG coordinada por Mohamed Merhi, Alfredo Romero, Gonzalo Himiod y Antonio Rosich, quienes en esta oportunidad serán los encargados de hablar sobre las muertes de Jesús Mohamad Capote, Johnny Palencia, Jesús Arellano, Juan Querales, José Gamallo, Orlando Rojas y Víctor Reinoso”.

En España como lo he denunciado en otras publicaciones como en Debate21, se hicieron eco de cualquier basura noticiosa que les llegó, y se ponderó la infamia contra una mayoría de ciudadanos democráticos, entre los cuales, me cuento. Que gracias a Dios estoy viva, como otros tantos de esos más de millón y medio, que participamos, no así, un ciudadano español, José Antonio Gamallo, quien nos acompañaba como un solidario caballero honorable, consciente quizá también, que los días por venir serían rojos para nuestro país.

Le dieron un tiro en la cabeza, que lo mantuvo en coma y parapléjico, cuando testigos denunciaron que “los disparos procedieron de varios grupos de francotiradores miembros de los Círculos Bolivarianos, próximos a Chávez, que se apostaron en los edificios aledaños al palacio de Miraflores”. A José Antonio Gamallo, de 46 años, su madre Amelia Gamallo, padeciendo el dolor de tener a su hijo en coma, parapléjico, pudo llevárselo a Vigo, casi a los tres meses, un 9 de julio, para ser internado en una Residencia llamada Santa Cruz de Arrabaldo, perteneciente a la Fundación San Rosendo de Ourense, donde murió, un mes después, en agosto, por una complicación infecciosa en su organismo.

Este caso de los asesinados fue llevado a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en agosto del 2002, con el resultado que para el 11 de octubre del 2006, el organismo internacional admitió la petición para estudiar las muertes del 11A.

Hoy la CIDH, en Washington, escuchará por primera vez los testimonios sobre el 11 de Abril. Gracias a asociaciones como VIVE y al grupo de abogados que lo acompañan esto ha sido posible. No sabemos cuanto tiempo se llevará el que se haga justicia, pero constituye un paso más para alcanzarla y sabemos que Dios estará presente. A continuación las noticias que han destacado los medios de comunicación escritos, que hemos tomado de Megaresistencia, el digital que le ha dedicado especial relevancia. Martha Colmenares

Ultima Hora.- Actualizamos:
(03:23 PM) Gobierno rechaza trato propuesto por la CIDH
El Universal
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Publicado en Occidente Liberal

Publicado en España Liberal

Relacionados:
Washington.- El gobierno de Venezuela rechazó hoy una propuesta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de entrar en una solución amistosa con la defensa de siete de los 19 muertos en el golpe de estado de 2002.

La organización VIVE representará a siete de los fallecidos entre el 11 y 13 de abril de 2002. El Estado explicará por qué no hay condenados por las muertes
El Nacional. Vanessa Gómez Quiroz

Por primera vez desde hace cinco años, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos escuchará testimonios sobre los hechos del 11-A. Mañana, la CIDH continuará con su 128° período de sesiones, que inició ayer. Tanto el Estado venezolano como la organización no gubernamental VIVE expondrán ante los comisionados de esa instancia sus posiciones en relación con el 11-A. El caso fue admitido por la CIDH el 23 de octubre de 2006, a través del informe número 26/06 por petición de VIVE, ONG coordinada por Mohamed Merhi, Alfredo Romero, Gonzalo Himiod y Antonio Rosich, quienes en esta oportunidad serán los encargados de hablar sobre las muertes de Jesús Mohamad Capote, Johnny Palencia, Jesús Arellano, Juan Querales, José Gamallo, Orlando Rojas y Víctor Reinoso.
Tomado de Megaresistencia. Puede verse la noticia completa.
Por razones del largo del texto su final en este sitio está en la parte donde dice leer más.

Exponen testimonios en la CIDH sobre hechos de abril de 2002. Viernes, 20 de julio de 2007
El Universal. Iralis Fragiel / Karina Arteaga

Tanto representantes del Estado venezolano como los abogados de la organización de Víctimas Venezolanas de Violaciones a los Derechos Humanos (VIVE) expusieron hoy su visión sobre los hechos del 11 de abril de 2002 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, Estados Unidos. El agente del Estado para los Derechos Humanos, Germán Saltrón, también mostró su visión sobre lo que ocurrió hace cinco años en las cercanías del Palacio de Miraflores y los hechos violentos de ese año.

El organismo adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA) admitió el pasado 23 de octubre de 2006 la denuncia que los integrantes de VIVE, Alfredo Romero, Gonzalo Himiob, Antonio Rosich y Mohamad Merhi, interpusieron contra Venezuela “por vulnerar las garantías fundamentales a la vida, integridad personal, reunión y a la libre circulación”.
Tomado de megaresistencia
Por razones del largo de los textos su final se encuentra a continuación.
Desde la Organization of American Status, la audiencia.
Audiencia en vivo aquí

Estaremos actualizando el curso de esta audiencia.

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Venezuela- venezolano

Continuación Artículo de El Nacional.
“Es la primera oportunidad de colocarnos en la misma posición del Estado con árbitros imparciales, que tendrán que evaluar y ponderar cada una de nuestras afirmaciones”, afirmó el abogado Alfredo Romero.

Explicó que fue el Estado el que solicitó a la CIDH la audiencia para tratar el tema del 11-A, y que ellos decidieron participar como peticionarios de la acción.

“Vamos a mostrar las pruebas que hemos venido recopilando a través de estos cinco años, aunque no llevamos nada más ni nada menos de lo que ya hemos presentado a la comisión interamericana”.

El 12 de octubre de 2002, el organismo interamericano recibió la denuncia presentada por VIVE contra el Estado venezolano por violaciones al derecho a la vida, a la integridad personal, derecho de reunión y derecho a la libre circulación y residencia.

“Lo que queremos es que se responsabilice al Estado porque por acción de sus funcionarios, y en algunos casos por omisión, murieron las siete personas por las que hoy pedimos justicia”, asentó Romero.

El agente del Estado para los Derechos Humanos (representante de Venezuela ante la CIDH), Germán Saltrón, aseguró que prefería no ahondar en explicaciones sobre la audiencia porque la información podría ser tergiversada.

Sin embargo, manifestó que era necesario pedir la reunión sobre el 11-A para explicar a la CIDH todo lo referente al “golpe de Estado y la situación de las investigaciones”.

Indicó que, además, acudirán a la cita en Washington, Estados Unidos, la directora de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, Alix Boscán, para exponer un informe sobre el estado de las investigaciones penales que se refieren al 11-A. No será la primera vez que la funcionaria acuda a la CIDH; con la anterior agente, María Auxiliadora Monagas, fue invitada al 127º período de sesiones del órgano autónomo de la OEA.

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Continuación artículo El Universal

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Romero explicó que el objeto de su petición era “determinar la responsabilidad del Estado en lo que respecta a los hechos ocurridos el 11 de abril. El objeto es determinar la responsabilidad de los 7 asesinados que representamos, los 4 heridos y determinar la verdad objetiva de los 19 muertos y más de 150 heridos de ese día”. Contextualizó que el 11 de abril se originó por una crisis política que se intensificó “en virtud de la destitución de los directivos de Petróleos de Venezuela que se encontraban manifestando” esos días.

Se enfocó en detallar el aspecto geográfico en el que se desarrollaron los acontecimientos. “La marcha opositora partió de Altamira, llegó a las inmediaciones de la empresa petrolera y continuó 11 kilómetros hasta el centro de Caracas, en las cercanías del Palacio de Miraflores”.

Mostró imágenes de la movilización y del alcalde metropolitano, Juan Barreto, invitando a la gente al palacio a “defeder la revolución”. Además presentó un video en el que según agregó, “ningún opositor disparó en la marcha del 11 de abril en Caracas”.

Detalló que si bien la Guardia Nacional tenía responsabilidad en los hechos también lo tenía la Policía Metropolitana.

Mientras, Himiob reclamó que no se haya condenado a “nadie” por los sucesos de abril.

Presunta emboscada

Saltrón abogó en defensa de la posición mantenida hasta ahora por el gobierno nacional y atribuyó las muertes ocurridas en 11 de abril en las adyacencias de la avenida Baralt, El Silencio y el Palacio de Miraflores a funcionarios de la Policía Metropolitana, entonces comandada por los comisarios Henry Vivas y Lázaro Forero, así como por el secretario de seguridad de la Alcaldía Mayor, Iván Simonovis.

Mostró fotografías según las cuales habría presuntos miembros de la PM disparando armas de guerra en las zonas mencionadas y portando guantes quirúrgicos para evitar rastros de pólvora en sus manos y posteriores imputaciones.

“Esto fue algo preparado milimétricamente. Las grabaciones de la PM -el sistema de comunicación de la PM se graba, existe un control master donde se graba- bueno, esas grabaciones desaparecieron, ahí donde aparecen las órdenes que daban cada uno de los comisarios de lo que tenían que hacer los policías”, acusó Saltrón.

El representante del Estado defendió igualmente la aplicación del controvertido Plan Ávila y aseguró que de haberse puesto en marcha este operativo no habría ocurrido “el desastre” que se presentó el 11 de abril de 2002.

Señaló al ex general Manuel Rosendo -entonces jefe del Comando Unificado de la Fuerza Armada Nacional (Cufan)- de haber desatendido las órdenes de dar inicio al Plan Ávila y lo acusó de ser uno de los “cabecillas” del presunto golpe de Estado en contra de Hugo Chávez.

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(03:23 PM) Gobierno rechaza trato propuesto por la CIDH
El Universal

Washington.- El gobierno de Venezuela rechazó hoy una propuesta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de entrar en una solución amistosa con la defensa de siete de los 19 muertos en el golpe de estado de 2002.

El entendimiento fue planteado durante una audiencia de la CIDH, que a ratos se convirtió en un intercambio de indirectas entre la delegación del gobierno del presidente Hugo Chávez y miembros de la propia comisión.

La defensa, que renovó sus acusaciones de falta de investigación y demoras procesales, había expresado su deseo de un entendimiento amistoso cuando el caso fue admitido por la comisión en octubre del año pasado, dijo su presidente Florentín Meléndez, reseñado por AP.

Pero, cuando preguntó si quería la solución pacífica al delegado del gobierno, Germán Saltrón Negretti, éste no contestó y Meléndez lo tomó como rechazo a su pedido.

”Todos los que dispararon contra esas personas están libres, no hay una sola acusación contra nadie”, dijo el abogado Alfredo Romero, de la defensa.

La audiencia se realizó como parte del período de sesiones ordinarias de la CIDH, el segundo del año, a fin de que ésta tomara una decisión debido a que en Venezuela ”no se ha hecho justicia” cinco años después de la temporal destitución de Chávez.

Saltrón Negretti rechazó las alegaciones de que allegados a Chávez ocasionaron las muertes y pidió no perder de vista que ‘’se trató de un golpe” con su correspondiente nivel de confusión y ”pérdida de evidencias”.

Criticó a la propia CIDH por su rápido reconocimiento de las autoridades que gobernaron Venezuela por unas horas entre el 11 y 12 de abril de 2002, durante las cuales Chávez ”permaneció secuestrado”.

Dijo que la comisión no emitió medidas cautelares para Chávez y más bien ‘’se limitó a reprocharle al ejecutivo nacional su actuación durante el golpe” por lo que le pidió ”equilibrio, objetividad e imparcialidad”.

Las críticas directas se produjeron en momentos en que las relaciones del gobierno venezolano con la CIDH eran tensas y se vieron esta semana agravadas por el despojo de funciones de relator al venezolano Freddy Gutiérrez Trejo por acciones incompatibles con sus funciones de miembro de la comisión.

Meléndez le pidió a Saltrón Negretti que aportara más detalles sobre su alegato de desaparición de evidencias afirmando que era ”responsabilidad del Estado” ese esclarecimiento ya que obstruye la búsqueda de la verdad.

Dijo sin señalar fecha que la comisión emitirá su informe sobre el caso con ”objetividad, que es justamente nuestro principal reto en esta comisión”. ”Nuestro compromiso es con los pueblos y las víctimas de las Américas”, dijo.