Martha Colmenares

“Hace más de tres años que Raúl Díaz Peña permanece en un calabozo de la Disip esperando juicio. Su salud se deteriora y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ocupa de su caso”. Encabeza el artículo de Oscar Medina en El Universal, que transcribimos a continuación. Hechos contra su vida constan en el mismo: “sus condiciones de salud desmejoran: “El fue nadador, fue campeón nacional, y tiene problemas con los oídos, incluso ya había sido operado de uno. Ahora el otro se le complicó, está supurando y además está afectado por una bacteria. Desde hace tres meses estamos pidiendo que lo trasladen a la clínica donde lo operaron”. El informe médico -fechado el 30 de mayo- señala que Raúl Díaz padece otitis supurativa crónica, hipoacusia y le afecta una bacteria. Su cuadro podría complicarse con laberintitis tóxica, parálisis del nervio facial y por la posibilidad de absceso cerebral, osteomielitis craneofacial, meningoencefalitis, bacteriemia y septicemia. ¿Llegará a tiempo a una clínica? Es lo que esperan conseguir con la ayuda de la Comisión Interamericana”, es parte de su contenido.

Sobre su caso hemos escrito y lo hemos denunciado, así que seguiremos en la exigencia de la justicia para Raúl Díaz Peña. De haber prevalecido la justicia estaría en libertad, y quizá nunca habría conocido este encarcelamiento en condiciones inhumanas como le ha tocado. Martha Colmenares

Prisión indefinida
Por Oscar Medina

Hace más de tres años que Raúl Díaz Peña permanece en un calabozo de la Disip esperando juicio. Su salud se deteriora y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ocupa de su caso.

Lo que quiere es que su hijo vaya a juicio. Allí podría resultar culpable o inocente, todo dependerá de jueces y abogados, pero al menos dejará de estar en este no-lugar jurídico en el que se encuentra desde que lo detuvieron el 25 de febrero de 2004. Son más de tres años los que lleva Raúl José Díaz Peña preso en una celda de la sede de la Disip en el Helicoide y su caso no ha ido más allá de la audiencia preliminar.

A este estudiante de Ingeniería, que un día decidió vincularse a la protesta de militares en la plaza Francia de Altamira, le acusan de delitos relacionados con las explosiones de bombas a las puertas de las sedes diplomáticas de Colombia y España ocurridas en 2003. Y es el único de los denominados “presos políticos” de Venezuela que ha recibido una medida cautelar por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debido a problemas de salud que se complican por las condiciones de su encierro.

Por supuesto que su padre, Alberto Díaz, cree que es inocente. Y está seguro de que, entre otras razones, por eso mismo es que el juicio no avanza. Así como también está convencido de que si bien el proceso legal está plagado de irregularidades y vicios, el único camino que les queda para conseguir justicia es el que lleva, nuevamente, a la Comisión Interamericana. Aunque de momento se conforma con que, al menos, le dejen llevar a su hijo a un centro especializado para tratarle una severa afección en el oído que -según informes médicos- muy pronto podría poner en riesgo su vida.

Sospecha 4×4

A la plaza Francia llegó como tantos otros que creyeron en aquello de la desobediencia legítima. De tanto ir fue haciéndose conocido y tras el sangriento episodio de Joao de Gouveia, el 6 de diciembre de 2002, se incorporó como voluntario civil a las redes de vigilancia coordinadas por los militares disidentes.

Las actas del expediente y las declaraciones de su padre y de sus abogados coinciden en la historia: Raúl iba al lugar en una vistosa camioneta amarilla en la que sus amigos de la plaza se acostumbraron a guardar bolsos y otras pertenencias mientras hacían lo suyo en el sitio. Uno de estos amigos era Luis Chacín, a quien conocía más o menos desde el año 2000, y otro era Pedro Sifontes, miembro también del equipo de vigilantes de Altamira. “Yo prestaba la llave del carro a Chacín y a Sifontes para que guardaran sus bolsos”, dijo Raúl Díaz en la audiencia de presentación que le hicieron el 26 de febrero de 2004: “Yo no revisaba lo que ellos guardaban”.
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Parte final del artículo:

La narración de los hechos señala que la noche del 23 de febrero Luis Chacín, alias Armadillo, guardó un bolso en la camioneta durante algunas horas y que posteriormente lo sacó para llevarlo al vecino Hotel Four Seasons. La madrugada del 24 estallaron las bombas.

El ex fiscal Gilberto Landaeta fue el acusador en ese entonces y sustentó sus alegatos contra Díaz fundamentalmente con tres declaraciones y una experticia. La de Pedro Sifontes, un imputado por las muertes de soldados de la plaza, que dice que vio a Armadillo recibir un paquete y meterlo en un bolso gris y negro que luego sería guardado en el vehículo de Raúl y más tarde llevado al hotel. También cuenta que ya en la madrugada, Armadillo y los tenientes José Colina y Germán Varela les relataron a él y a otros miembros de la red de vigilancia de la plaza cómo habían hecho el “trabajo” de las bombas.

La de Vanessa Napolitano es la segunda declaración. Ella no habla de las bombas, pero identifica la camioneta Samurái de Raúl Díaz, indica que a él le apodaban Fénix en la plaza, que se sabía que en la camioneta se guardaban armas y petardos del tipo bin laden y certifica la amistad del acusado con Armadillo. La tercera es la de Silvio Mérida Ortiz, también detenido por el mismo caso, quien aseguró que tres días después de los atentados Raúl le contó que “había participado en los explosivos”.

El propio escrito acusatorio aclara que esos dos testimonios no constituyen elementos de culpabilidad, pero la gran prueba sería la experticia hecha a la camioneta -casi siete meses después- en la que hallaron restos de explosivo C-4.
Mal acompañado

Landaeta, hoy destituido del Ministerio Público e imputado por otros hechos, acusó a Raúl Díaz por los delitos de agavillamiento, intimidación pública, incendios en edificios públicos, daños a la propiedad pública y lesiones leves, todos en calidad de cómplice. La jueza Deyanira Nieves aceptó todos los alegatos del fiscal, desestimó los argumentos de la defensa y asumiendo que Díaz “tenía conocimiento de los hechos antes y después de ocurrir”, ordenó seguir las investigaciones y que se le recluyera en la sede de la Disip.

Eso fue el 26 de febrero de 2004. Y todavía sigue allí pese a que tanto Mérida Ortiz como Sifontes hace ya tiempo que afirman que sus declaraciones y confesiones fueron obtenidas bajo tortura y amenazas. Y todavía sigue allí, pese a que sus abogados señalan cosas como que la orden de aprehensión en su contra se emitió el 19 de enero de 2004 “sin haber sido imputado por hecho alguno” y pese a que el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal establece que la prisión preventiva -sin ir a juicio- no puede pasar de dos años y pese a que siempre y cuando ese retraso procesal no sea atribuible a la defensa, el imputado debería ser juzgado en libertad.

En marzo de 2006, Díaz intentó hacer valer ese derecho ante el Tribunal 23 de Juicio (Caracas) y ese mismo mes formalizó el cambio de sus defensores, que a partir de entonces son Aura Bartolomeo Díaz, Sonia Esteves Lander y Pascuale Chiarini. Se declaró sin lugar la medida sustiva solicitada y la defensa apeló porque consideró errados los argumentos de la jueza: en primer lugar señaló que el retardo no se le puede achacar al Tribunal 23 como si éste no formara parte del Estado; en segundo lugar, afirmó que Díaz no llevaba dos años en prisión y en tercer lugar la jueza esgrimió que los acusados por delitos de lesa humanidad, violaciones de los derechos humanos y crímenes de guerra no reciben beneficios.

Los abogados respondieron que ninguno de los delitos por los que se acusa a Díaz entran en esas categorías y que la jueza estaría modificando la calificación de delitos de carácter ordinario. Pero la apelación tampoco dio resultados.

Alberto Díaz dice que ha hablado con todo aquel que pudiera ayudarle en el caso de su hijo: “Más de 50 jueces han conocido el caso. Ya hemos agotado todos los recursos. En diciembre la Sala Constitucional del Tribunal Supremo se declaró incompetente, los jueces se inhiben. Lo que pasa es que éste es un caso emblemático”.

Y claro que lo es. Y su principal figura es el general Felipe Rodríguez, alias el Cuervo. Esta es una presencia que complica las cosas: “Los abogados de el Cuervo pidieron unificar los expedientes, y se les concedió sin autorización nuestra. Eso ha perjudicado a mi hijo. Cada vez que busco ayuda, me dicen que no se la dan porque eso lo tranca. Mi hijo debería estar libre. Su inocencia se puede demostrar en un juicio, pero ¿cuándo se va a dar ese juicio?”.

Recluido en la misma celda que Sifontes, sin luz natural ni ventilación adecuada, sus condiciones de salud desmejoran: “El fue nadador, fue campeón nacional, y tiene problemas con los oídos, incluso ya había sido operado de uno. Ahora el otro se le complicó, está supurando y además está afectado por una bacteria. Desde hace tres meses estamos pidiendo que lo trasladen a la clínica donde lo operaron”. El informe médico -fechado el 30 de mayo- señala que Raúl Díaz padece otitis supurativa crónica, hipoacusia y le afecta una bacteria. Su cuadro podría complicarse con laberintitis tóxica, parálisis del nervio facial y por la posibilidad de absceso cerebral, osteomielitis craneofacial, meningoencefalitis, bacteriemia y septicemia. ¿Llegará a tiempo a una clínica? Es lo que esperan conseguir con la ayuda de la Comisión Interamericana.

Sobre el juicio, el jueves se fijó una nueva fecha: 18 de septiembre. La otra pregunta que surge arroja dudas sobre las posibilidades reales de que esto ocurra: ¿de verdad el Tribunal 4 le hará juicio a el Cuervo?
ommedina@eluniversal.com
http://noticias.eluniversal.com/2007/08/05/pol_art_prision-indefinida_388496.shtml