Me alegro de enterarme por estos medios de hechos que ocurren y que no han salido todavía en los medios colombianos.
Me entristece la situación de estos compatriotas tuyos, pero temo decirte, estimada colega, que los presos políticos venezolanos se equivocaron de remitente al dirigirle esta carta a una persona que comete los mismos atropellos con la justicia de mi país.
Para darte algunos ejemplos:
- Cuando nuestra honorable Corte Suprema de Justicia emitió un fallo en contra de concederles a los jefes paramilitares, hoy presos, el título de “sediciosos” y “delincuentes políticos”, porque esto implicaba rebajarles los años de pena que debían pagar, este “estadista” y “demócrata”-como lo llaman sus infortunados compatriotas- descalificó a la Corte, diciéndole que tenía un “sesgo ideológico” en sus fallos, lo que significa en otras palabras tildarlos de comunistas y colaboradores de las FARC. Por supuesto que para la majestad que representa nuestra Corte, esto es una infamia, una calumnia, una canallada.
- El anterior Fiscal General de la Nación-al que sucedió el actual, Mario Iguarán-, Luis Camilo Osorio, ejerciendo su cargo, cometió muchas irregularidades que beneficiaron a jefes paramilitares, a políticos involucrados con ellos y, entre otras cosas, precluyó el caso del general(r) Rito Alejo del Río, cuando se le investigaba por graves hechos de violación a los Derechos Humanos en la región del Urabá y Antioquia, zona donde era el comandante de la Brigada 17 del Ejército. Este “maravilloso” fiscal fue condecorado con la máxima distinción colombiana, la Cruz de Boyacá, por este gran estadista que es Álvaro Uribe.
-En mi país, bajo la política de Seguridad Democrática, también se han cometido numerosos atropellos contra la población civil, entre otros, detenciones injustas como las que denuncian aquí estos presos políticos. Por ejemplo, en septiembre de 2003, en un pequeño pueblo de la región cafetera de Colombia, Quinchía, en el departamento de Risaralda, 117 personas fueron capturadas injustamente, acusadas de colaborar con la guerrilla del EPL, entre quienes estaban el alcalde del pueblo, un ciego, al que acusaron de manipular bombas y varios menores de edad. Después de dos años, se logró probar que estas personas eran inocentes, pero uno de ellos murió en prisión y a 15 de ellos, los asesinaron los paramilitares.
-Y por si fuera poco, una noticia más fresca: la presidenta del Congreso colombiano, Nancy Gutiérrez, recibió una advertencia de parte de los políticos acusados por paramilitarismo, recluidos en la Picota, que dice que si no se aprueba una ley que ayude a su excarcelación, la acusarán a ella también de tener vínculos con el paramilitarismo. Valga decir que la presidenta del Congreso es de la coalición de gobierno, pero ese hecho no significa que todos los de la coalición de gobierno tengan vínculos con paramilitares.

Todos estos hechos han ocurrido con injerencia directa, connivencia, respaldo o simplemente responsabilidad por acción u omisión de parte del presidente colombiano.
Siento que tristemente, los presos políticos venezolanos desconocen la realidad de mi país y de su mandatario, por lo cual, en su situación desesperada, acuden a la persona equivocada, porque Álvaro Uribe también ha atropellado la justicia en Colombia, para lograr mantener su poder y su credibilidad, y eso también aquí en mi nación lo desconoce mucha gente.
En Colombia, respetada colega, también se persigue por hacer oposición, por ser crítico del gobierno, por informar libremente, sin doblegarse a la presión oficial. Lo que pasa es que todavía no se han encontrado evidencias de que haya presos por esta causa, pero sí se ha detenido gente injustamente por acusaciones falsas de colaboración con las guerrillas, para poder mostrar resultados que confirmen la lucha contra el terrorismo, e igualmente se ha descalificado públicamente a políticos de oposición y a periodistas críticos e independientes, con frases infames como “terroristas vestidos de civil”, afirmación ésta hecha por el propio Uribe en un consejo comunitario. No son detenciones por procesos manipulados, pero igual son ataques injustos que denigran de la imagen de muchas personas respetadas, que quedan inmediatamente en la mira de grupos al margen de la ley, como los campesinos de Quinchía.
Por esta razón, quiero decirte que lamento mucho la situación injusta en que se encuentran estos compatriotas tuyos, a quienes deseo que la comunidad internacional ponga sus ojos en ellos, pero siento que pedirle este tipo de ayuda al presidente Álvaro Uribe es una terrible equivocación y no es porque quizás él no vaya a hacer nada, sino porque un mediador de la justicia no puede deberle tanto a la Justicia misma.
Agradezco que leas estas palabras con detenimiento y un saludo de parte de una colega colombiana que sigue fielmente tu blog, pero que firma con seudónimo porque lastimosamente hablar en Colombia significa un riesgo.

Atentamente

Minoría desinformada

Es muy fácil criticar y muy difícil hacer. Paso a explicar para ilustrar a quien critica:

1- Los organismos no aceptan anexos.
2- Deben ser usados los títulos exactos de las personalidades.
3- Los términos utilizados deben ser en lenguaje diplomático.
4- La correspondencia no debe exceder más de una página y si la información requiere mas de ese espacio, entonces debe ser un resumen e indicar donde puede ser consultada la información (Si es que les interesa)
5- Las denuncias deben ser presentadas en los organismos, bien fundamentadas (por supuesto) y aquellos que apoyamos con la divulgación, debemos hablar de apoyo con relación a tal denuncia…, que presentara … si utilizamos el término denuncia por si solo, lo único que logramos es retrasar el procesamiento de la denuncia por parte del organismo al que le fue presentada tal denuncia.
6- Esos organismos son burocráticos y los presidentes de cualquier país, tienen oficiinas de Asuntos Públicos encargados de filtrar correspondencia (y eso es lógico), no leen estoraques. Esas oficinas hacen un resúmen de correspondencia y cualquier respuesta será dada en términos absolutamente diplomáticos.