Martha Colmenares

Los Juegos Olímpicos han sido convalidados hasta por la prensa internacional. De hecho los medios están en la China, país donde se llevarán a cabo a partir del próximo viernes, a pesar de la restricción y la censura impuesta. Y a día de hoy, la mención de la violación de los derechos humanos más pareciera un slogan vacio en las reseñas de las agencias días previos a la inauguración. Los crímenes y torturas a disidentes, a los tibetanos y a los falun gong, han sido reiteradamente denunciados por organismos internacionales a los cuales en definitiva no se les prestó la debida importancia. Suponía un Boicot que resultó fallido. Sin embargo, no todo le está saliendo muy bien al régimen tirano. Les cuento…

Por una parte, “manifestantes occidentales, tres hombres y una mujer, treparon a postes de electricidad el día en que empieza el recorrido de la antorcha por Pekín”. Sostenían una pancarta con la leyenda “Free Tibet”. Como consecuencia fueron detenidos por la policia. Por la otra, hemos podido conocer que faltando tres días para el acto inaugural La Audienca Nacional de España ha iniciado un proceso de investigación por lesa humanidad contra algunos funcionarios del régimen chino. El hecho de por sí pone en evidencia al régimen.

Es que hasta se logró filtrar un video de lo que sería el evento de inauguración.

Algunas notas a destacar.
En China, las llamadas de teléfono y el correo electrónico, -no sólo de disidentes, sino de diplomáticos, periodistas y hasta de estudiantes extranjeros de tibetología- están pinchados por la Policía. En general “las torturas son frecuentes en China”. Fueron denuncias meses atrás de Teng Biao, un valiente abogado defensor de los derechos humanos de Pekin, que ha venido prestando asistencia legal a los cientos de tibetanos que fueron arrestados durante las revueltas en Lhasa el 14 de marzo.

Como hemos mencionado, a tres días de los Juegos Olímpicos, hemos podido conocer que la Audiencia Nacional española ha iniciado la investigación de “siete responsables políticos y militares del actual gobierno chino, dos de ellos ministros, como supuestos autores de un delito de lesa humanidad por dirigir desde el pasado 10 de marzo un ataque “generalizado y sistemático contra la población tibetana”, causando 203 muertes, 1.000 heridos graves y 5.972 desaparecidos”.

Por nuestra parte, no vamos a prestarnos para mirar unos juegos empañados de sangre. No mires la Olimpiada, al pulsar con amplia información. Y solidaridad con los manifestantes que desplegaron “banderas y pancartas con inscripciones tales como “Un mundo, un sueño: Libertad para Tíbet” y “Tíbet será libre”. Martha Colmenares

Avance jueves 7 de agosto de 2008
China expulsa a los cuatro activistas que desplegaron pancartas pro-Tíbet. Adn.es
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Relacionados en mi blog:
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Artículo de interés:
La democracia china y los JJOO. Blog de Schwan
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Viñetas Beijing. Olimpiadas del 2008 en Nueva Europa, el Blog de Augusto
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Reseñas
China detiene a cuatro activistas que colgaron pancartas a favor del Tíbet
adn

Los manifestantes occidentales, tres hombres y una mujer, treparon a postes de electricidad el día en que empieza el recorrido de la antorcha por Pekín.
La policía detuvo este miércoles a cuatro manifestantes extranjeros que sostenían una pancarta con la leyenda “Free Tibet” (Tíbet libre) en Pekín, según informaron medios estatales y un grupo activista. El incidente se produjo en la jornada en que la antorcha olímpica inició su recorrido por la capital china antes de la inauguración, el viernes, de los Juegos Olímpicos.

Los manifestantes desplegaron banderas y pancartas con inscripciones tales como “Un mundo, un sueño: Libertad para Tíbet” y “Tíbet será libre”, señaló la agrupación Students for a Free Tibet en un comunicado. Uno de los carteles rezaba “Libertad para Tíbet” en chino.

Los cuatro arrestados, tres hombres y una mujer, se habían reunido cerca del Estadio Nacional de Pekín, conocido también como “El Nido”, en donde los Juegos serán inaugurados el 8 de agosto. Dos de los manifestantes treparon a postes de electricidad para desplegar las pancartas, precisó la agencia estatal china de noticias Xinhua.

Tenzin Dorjee, subdirector del grupo Students for a Free Tibet, dijo que la protesta tenía la intención de subrayar las reclamaciones sobre Tíbet a pocos días de que comience el gran evento internacional. “Mientras el Gobierno chino prepara su exhibición de grandeza y poder en Pekín [...] dentro de Tíbet lleva a cabo una despiadada campaña de represión”, señala el comunicado de esa agrupación.

La policía acudió rápidamente al lugar y detuvo a los manifestantes, añadió el informe. La entidad agregó que la pancarta se exhibió durante casi una hora. Xinhua señaló que los cuatro arrestados son ciudadanos británicos, aunque la agrupación dijo que provienen también de Estados Unidos.

Proyección clandestina de un documental

En otro orden, un pequeño grupo de periodistas extranjeros asistió a la proyección de un nuevo documental acerca de lo que los tibetanos piensan de los Juegos Olímpicos, producido por una organización pro Tíbet. Realizada en secreto en un lúgubre hotel de Pekín, la presentación no fue interrumpida por efectivos de seguridad.

Su organizador, Jean-Jacques Schwenzfeier, quien se describió como “activista”, dijo que sabía que podía ser deportado. “Podría suceder, pero hay cosas peores que ser expulsado”, apuntó. “No fue posible que los tibetanos participaran como querían, de modo que esto es lo mínimo que podíamos hacer, mostrar nuestra presencia”, añadió.

El recorrido internacional de la antorcha olímpica estuvo acompañado de protestas por la política china en Tíbet cuando pasó por París, Londres y otras ciudades a principios de este año. El miércoles, la llama inició su ruta por la última estación, Pekín, bajo estrictas medidas de seguridad.

China acusa a seguidores del exiliado líder budista de Tíbet Dalai Lama de provocar disturbios y protestas en marzo pasado en diversos puntos de esa región separatista, con la intención de eclipsar los preparativos olímpicos. El Dalai Lama rechazó las imputaciones y dijo que no se opone a la realización de los Juegos.

No obstante, grupos defensores de un Tíbet independiente indicaron que el evento deportivo debería ser una buena ocasión para criticar las políticas de Pekín en este tema.

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España investiga a China por crímenes en el Tíbet
Publico.es
La Audiencia Nacional inspeccionará a dos ministros y cinco altos cargos chinos acusados de causar 203 muertes, 1.000 heridos graves y 5.972 desaparecidos desde el 10 de marzo

Imagen de los disturbios en Lhasa, capital de Tíbet, el pasado marzo. El Gobierno chino cerró el acceso a los medios de comunicación a la región autónoma. - AFP
PÚBLICO - Madrid - 05/08/2008 21:24

A tres días del comienzo de los Juegos Olímpicos, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz anunció ayer que está investigando a siete responsables políticos y militares del actual Gobierno chino –dos de ellos ministros– por un “ataque generalizado y sistemático contra la población tibetana” desde el pasado 10 de marzo.

El auto del Juzgado Central de Instrucción número 1 les acusa, entre otros cargos, de ser supuestos autores de un crimen contra la humanidad (también llamado de lesa humanidad) por dirigir las ofensivas que han causado el fallecimiento de 203 personas, 1.000 heridos graves y 5.972 desaparecidos.

Los ministros chinos de Defensa, Lian Guanglie, y Seguridad del Estado, Geng Huichang, están ahora en el punto de mira de la Justicia española, tras la querella interpuesta por el Comité de Apoyo al Tíbet, la Fundación Privada Casa del Tíbet y Tubten Wahghen Sherpa Sherpa.

El Tíbet, “perseguido”

El juez les imputa haber causado “la muerte o legiones graves, la desaparición forzada, la detención y privación de libertad con infracción de las normas internacionales al efecto y las torturas denunciadas”.

El auto señala que los presuntos ataques constituirían un delito penado en el artículo 607 del Código Penal y convertiría al pueblo tibetano en “un grupo o colectivo perse guido” por las autoridades chinas “por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género, u otros motivos reconocidos como inaceptables en el derecho internacional”.

Junto a los dos ministros, la investigación afecta también a otros cinco altos cargos: el secretario del Partido Comunista Chino en la región autónoma del Tíbet, Zhang Qingli; el miembro del Politburó en Pekín Wang Lequan; el líder de la Comisión de Asuntos Étnicos, Li Dezhu; el comandante del Ejército de Liberación Popular de Lhasa, el general Tong Guishan; y el comisario político del comando militar de Chengdu, el general Zhan Guihua.

Para avanzar en su investigación, Pedraz ha citado a declarar como testigos el 4 de septiembre al responsable de seguridad del Gobierno tibetano en el exilio y al director del Centro tibetano para los Derechos Humanos y la Democracia del Ejecutivo exiliado en Dharamsala, en el norte de la India.

Además, el responsable del reciente informe de Amnistía Internacional sobre la represión en el Tíbet deberá comparecer el 7 de septiembre.

Segundo caso desde 2006

No es la primera vez que se abre una investigación en España para investigar las relaciones del Gobierno chino y el Tíbet. Desde 2006, otro juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, tiene abierta una causa en la que investiga el supuesto genocidio perpetrado por el Gobierno en la provincia autónoma en las décadas de los 80 y de los 90.

En un principio, Moreno acordó archivar el supuesto genocidio al considerar que la Justicia española no era competente para investigar estos hechos. Pero la Sala de lo Penal admitió la querella y le ordenó que abriera la investigación.

La Audiencia Nacional se declaró el 10 de enero de 2006 competente para investigar los hechos denunciados ante la imposibilidad de que pudieran ser investigados por tribunales chinos o por el Tribunal Penal Internacional.
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El lado oscuro de la cita olímpica
Amnistía Internacional denuncia que el Gobierno ha incumplido su promesa de mejorar los derechos humanos

ESTEBAN BELTRÁN - 03/08/2008 10:00
Publico.es
El 8 de agosto desfilarán miles de atletas ante millones de personas en todo el mundo que seguirán la ceremonia inaugural desde sus casas. En los días siguientes usted podrá ver asombrosos nadadores, gimnastas irrompibles, futbolistas, tenistas, jugadores de hockey, atletas veloces, resistentes o de maratón; lanzadores de disco o de martillo; saltadores de pértiga: los Juegos Olímpicos de Pekín en la televisión.

La verdad, no sé si los Juegos Olímpicos en Pekín van a ser un éxito deportivo o mediático, pero hasta ahora no sólo no han ayudado –como prometía Jacques Rogge, presidente del Comité Olímpico Internacional (COI)– a mejorar los derechos humanos en China, sino que han contribuido a su deterioro.
La pena de muerte

Los tribunales chinos siguen condenando a muerte a miles de personas cada año, un número notable de las cuales son ejecutadas. Las personas que hacen frente a cargos por los que se les puede imponer la pena capital no reciben juicios con las debidas garantías. Eso sí, y fue una medida positiva, el 1 de enero de 2007 el Tribunal Supremo Popular recuperó su potestad de aprobar todas las condenas a muerte dictadas en China, en un intento de reducir el número de ejecuciones y prevenir errores judiciales. El 14 de junio de 2007, el Tribunal Supremo Popular emitió una notificación adicional donde hacía hincapié en que las causas por las que se pueda imponer la pena capital y se juzguen en primera instancia, deban verse también en audiencia pública.

Pero no nos engañemos. En el periodo previo a los Juegos Olímpicos, las autoridades chinas no han adoptado medida alguna para reducir el número de delitos por los cuales uno puede ser condenado a muerte: sesenta y ocho.
Reeducación a la fuerza

Lejos de actuar como catalizador de reformas, las autoridades chinas han utilizado la celebración de los Juegos Olímpicos como pretexto para ampliar el uso de la detención administrativa punitiva, en particular la “reeducación por el trabajo”. El 7 de febrero de 2007, el Departamento de Seguridad Pública de Pekín anunció que durante el año siguiente la policía ampliaría los periodos de rehabilitación forzosa de drogodependientes de seis meses a un año.

Ese mismo año se tuvo noticia de la existencia de centros secretos de detención establecidos a las afueras de la capital por oficinas de enlace en Pekín de gobiernos provinciales de China. Allí se detenía a personas que organizaban y firmaban peticiones hasta que pudieran ser devueltas por la fuerza a sus ciudades de origen.

En enero de 2008, la policía de Pekín lanzó una nueva campaña para “erradicar las actividades ilegales en la plaza de Tiananmen y a lo largo de la avenida Chang’an en el periodo previo a los Juegos Olímpicos”. Con ello se pretendía “erradicar las actividades ilegales que empañan la imagen de la ciudad y afectan al orden social”. Los principales objetivos eran mendigos, vendedores ambulantes sin licencia, distribuidores de folletos y taxistas ilegales.

A finales de junio de 2008, la policía de Shanghai envió notificaciones a activistas y personas que organizan y firman peticiones en las que les ordenaba presentarse ante la policía todas las semanas. Les advertían que no debían hablar con extranjeros, ni visitar Pekín hasta que terminasen los Juegos Olímpicos.

Después del terremoto que asoló la provincia de Sichuan, las autoridades educativas locales de la capital de la provincia, Chengdu, instaron a las escuelas a “establecer planes efectivos para garantizar la estabilidad” y pidieron vigilancia durante las 24 horas del día para “impedir absolutamente que las personas que organizan y firman peticiones acudan a Pekín”.

También se pretende “limpiar” a los activistas y defensores de derechos humanos para que no puedan protestar. Categorías de delitos definidas en el Código Penal en términos amplios, como “separatismo”, “subversión”, “alteración del orden público”, “poner en peligro la seguridad del Estado” y “filtrar secretos de Estado”, siguen utilizándose para procesar a personas dedicadas a actividades legítimas y pacíficas en defensa de los derechos humanos.
Y si no, queda la censura

A pesar de la introducción de nuevas normas sobre los medios de comunicación, que aumentan la libertad de los periodistas extranjeros para cubrir noticias en China, estos siguen denunciando obstrucciones y obstáculos para llevar a cabo entrevistas. El Club de Corresponsales Extranjeros de China documentó aproximadamente 180 casos en 2007. En julio de 2008, esta cifra había aumentado hasta los 230, incluidos más de 40 casos tras los disturbios de marzo en el Tíbet y más de 12, después del terremoto de Sichuan en mayo.

Los controles sobre Internet se han vuelto más estrictos a medida que se acercan los Juegos Olímpicos, y el control, la regulación y la censura se han extendido a diversas categorías de usuarios de Internet, como proveedores de servicios de Internet (ISP), autores de blogs y propietarios de sitios web. Se han cerrado numerosos portales por proporcionar información que las autoridades consideraron delicada.

Los derechos de los visitantes también están restringidos. El 2 de junio de 2008, el Comité Organizador de Pekín para los Juegos Olímpicos publicó unas directrices que violan el derecho a la libertad de expresión y asociación de las personas extranjeras. Las normas afirman que éstas no deben “poner en peligro la seguridad del Estado, menoscabar los derechos y los intereses de la sociedad ni alterar la estabilidad social”.

A los visitantes extranjeros se les advierte que no deben introducir en China ningún material (como material impreso, DVD, etc.) que “perjudique la política, la economía, la cultura o la moralidad de China”, ni intenten sacar del país materiales cuyo contenido “implique secretos de Estado”.
El papel de España y del COI

Los dirigentes mundiales, empezando por el presidente Zapatero, deben alzar públicamente la voz en favor de los derechos humanos en China y apoyar a los activistas individuales de derechos humanos de este país. Si no lo hacen, transmitirán el mensaje de que es aceptable que un gobierno sea anfitrión de los Juegos Olímpicos en una atmósfera de represión y persecución.

El COI debe utilizar su influencia con las autoridades chinas para que tomen medidas urgentes para mejorar la situación de derechos humanos en China e intervenir a favor de los visitantes de China durante los Juegos Olímpicos, para que no pierdan sus libertades básicas.

Esté atento. Cuando una madrugada vea a saltadores sin vértigo romper marcas mundiales o a atletas españoles conquistar medallas piense que, mas allá del himno, de las flores o del esfuerzo individual, existe un lado oscuro de los Juegos que las autoridades chinas hacen lo posible para impedir que llegue a su pantalla de televisión. No se resigne, no sea parte de la “conspiración del silencio”.

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“La tortura es muy frecuente en China”

Entrevista al abogado chino Teng Biao, una de las voces más críticas con el abuso de derechos humanos cometido por Pekín
Publico.es

By marthacol
Teng Biao. AP
ANDREA RODÉS - CORRESPONSAL EN PEKÍN - 20/04/2008 20:52

Teng Biao está nervioso. Este conocido abogado y defensor de los derechos humanos de Pekín sabe que dar entrevistas a la prensa no será bien visto por su Gobierno. Teng lidera un grupo de 18 abogados chinos que se ha ofrecido para prestar asistencia legal a los cientos de tibetanos arrestados desde que empezaron las revueltas en Lhasa el 14 de marzo.

“Gracias por venir”, dice Teng, estrechando una mano temblorosa y sudada. Los nervios le traicionan y al sentarse no se da cuenta de que la silla está rota. Se tambalea por un instante y está a punto de caerse al suelo pero, al final, recupera el equilibrio.

Sonríe, para disimular el susto, y vuelve a empezar: “Nuestro objetivo es asegurarnos de que los tibetanos detenidos serán juzgados bajo la regulación china”, dice Teng. Según la ley, “los arrestados tienen derecho a un abogado y, si no pueden pagárselo, el Gobierno debe poner uno del Estado a su disposición”.

Entre 800 y 2.000 detenidos

“Sabemos que muchos detenidos ya han sido juzgados sin que pudieran contar con defensa legal”, añade Teng. Según el Gobierno chino, hay entre 800 y 900 tibetanos detenidos. Teng estima que pueden ser más de 2.000.

Hasta 23 abogados se han sumado a la iniciativa. Pero el Gobierno aún no les permite viajar a Lhasa. “Tengo la esperanza de que algunos de mis compañeros conseguirán pronto la autorización. Yo no podré ir. Mi situación es demasiado delicada y el director de mi bufete no me lo permitirá”, dice Teng, mientras se levanta para ajustar la puerta del despacho. Las gotas de sudor le resbalan por la frente.

Este abogado fue coautor, junto al disidente político Hu Jia, -condenado el 3 de abril a tres años y medio de cárcel por “incitación a la subversión al Estado”- , de una carta dirigida a la comunidad internacional para denunciar las violaciones de derechos humanos cometidas por Pekín con la excusa de los JJOO.

La carta, difundida en septiembre de 2007 por la organización Human Rights Watch, detallaba casos de expropiaciones de tierras, desalojos forzados, represión policial, encarcelamiento de disidentes políticos o la persecución de religiosos. Teng fue arrestado durante tres días y puesto en libertad.

A los cincos minutos de entrevista, Teng se disculpa y abandona el despacho. “Creo que es más conveniente que dejemos de hablar”, dice, al regresar. Su americana azul claro está empapada de sudor. “A mi director le parece una situación peligrosa”, se excusa Teng, mientras me alarga una tarjeta de visita por si quiero contactarle más tarde, para hacerle más preguntas.

Teléfonos pinchados por la Policía

Por su mirada entiendo que prefiere que no lo haga. En China, las llamadas de teléfono y el correo electrónico, -no sólo de disidentes, sino de diplomáticos, periodistas y hasta de estudiantes extranjeros de tibetología- están pinchados por la Policía. “Wen Haibo puede continuar explicándote nuestro proyecto”, dice Teng, señalando a un joven abogado, de semblante serio, vestido con traje chaqueta oscuro, que aparece por la puerta.

“Teng es un tipo muy valiente”, dice Wen, sentado ahora en su lugar. A diferencia de Teng, Wen intenta mantener la entrevista dentro de lo estrictamente convencional. “Todo lo que sé respecto a la situación de los tibetanos arrestados es lo que publican los medios oficiales”, dice Wen, miembro de este grupo de abogados voluntarios.

“Las autoridades no informan de nada en concreto, excepto que los sospechosos fueron arrestados y que los juicios han empezado. No sabemos nada de sus condenas”, dice Wen. Procura no mirar a los ojos, distante. “Las sentencias dependerán del crimen que hayan cometido: algunos han destruidos tiendas, otros han herido a gente”, dice Wen.

Admite que es posible que algunos sean enviados a campos de trabajos forzados, o castigados con la pena de muerte.

Garantizar juicios justos

Ellos, como abogados, lo único que pueden hacer es “intentar rebajar su condena y asegurar que el juicio cumpla con los procedimientos legales establecidos”. Por ejemplo, evitando que los detenidos sean sentenciados sin juicio; o que sufran extorsión de confesiones por medio de la tortura.

“La tortura sigue siendo un método muy frecuente en este país. Hemos sugerido en muchas ocasiones que China aprenda de los países extranjeros”, dice Wen. “El sistema judicial chino está mejorando, pero todavía no lo suficiente” , añade Wen.

Uno de los mayores obstáculos jurídicos es que sólo pueden actuar si el sospechoso solicita sus servicios, explica Wen. Algo que parece imposible, cuando cientos de tibetanos desconocen sus derechos legales y el territorio permanece aislado.

Wen se muestra escéptico al valorar si la presión internacional y las protestas protibetanas durante el relevo de la antorcha en París y Londres ayudarán. “El Gobierno chino mantiene que el problema tibetano es un asunto interno. No va a permitir que otros países interfieran”, dice.

La iniciativa de estos abogados no ha sido difundida por los medios chinos y para muchos “sería difícil de entender”. La opinión pública en general apoya al Gobierno central y condena las revueltas tibetanas. “La prensa china sólo informa de lo que al Gobierno le interesa mostrar”, dice Wen.

“Queremos que la gente sepa lo que estamos haciendo, eso ayudaría a China a avanzar a buen paso para convertirse en un Estado de derecho”.

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