Eduard analiza o destaca una serie de incoherencias y contradicciones, incomprensibles desde una perspectiva democrática del estado español, en la que a la Justicia se le presupone una autonomía como poder independiente, dentro del estado. Pero esto no es así y los españoles lo sabemos. Sabemos que en la UE, que presume de ser la ‘Meca’ de los DD.HH y las garantías a las libertades, los estados, o gran parte de ellos, son gestionados por inmensos amasijos de corrupción erigidos en casta inaccesible que blindan y consolidan la posibilidad de sucederse solo así mismos, en un rol de circulo vicoso que aplasta cada vez más las libertades ciudadanas, cada vez más alejados de las opciones de erradicar el crimen que corroe los estados, en el que el respeto por el derecho ajeno brilla por su ausencia, siendo la división de poderes un puro espejismo, que no abulta más que el párrafo en el que así se articula en sus diferentes constituciones. Es la UE una gran asociación de ‘familias’ de corte Siciliano, al más puro estilo de las comandadas por el ‘Padrino’. Las mafias salen de las calles y de la clandestinidad, para registradas como partidos afincarse en los estados de donde no los podremos echar ni con aceite hirviendo.

En España tenemos un estado democrático, pero ocupado y sometido a los poderes ilegítimos antaño automarginales, y que como tales se distinguen por sus actividades típicas de trileros, embaucadores, estafadores, corruptos y expoliadores, que hacen un uso arbitrario de la ley para legalizar sus privilegios, delitos e intereses, que salvan su impunidad ninguneando y achicando espacios a la justicia, dejando así los espacios y el poder a las castas políticas profesionales, que dispensan a los ciudadanos un trato bastante más indigno que el que normalmente se le dispensa al ganado. Y digo ‘poder político profesional’, por ser el poder que rige los destinos de una nación que se ha dejado arrebatar su dignidad, su soberanía nacional y naturalmente con ella el poder soberano inherente, inhibiéndose del ineludible deber de defender su estado y de velar por un uso previa y soberanamente constituido.

Esto solo significa que no es la inexistente Justicia española, ni la Audiencia Nacional, la responsable de las barbaridesdes que se encubren en su nombre, sino de los que ocupan el Gobierno de España como resposables directos del mangoneo que el ejecutivo ejerce en total impunidad sobre cualquier Tribunal de la Administración de Justicia, Audiencia Nacional incluida, sometida o dependiente del mismo. Eso explica que la “justicia” española sea obligada, por los políticos españoles, a ‘administrar justicia aplicando leyes contra la Justicia’, por violar derechos que debe amparar dicha Justicia. Bajo esta perspectiva, las actuaciones de la Audiencia Nacional, no van orientados hacia la salvaguarda del derecho de las personas, sino claramente de los intereses políticos y espurios de ZP, o de quien este señale o legitime mediante concesión legal a sus privilegios o canonjías, como individuo que controla y malversa los poderes de la nación, en nombre de la nación, contra los intereses de la nación y consentido por la nación.

Aclarado esto y si como muestra sirve un botón, basta con observar como en España los que nos rebelamos contra el terrorismo, y salimos a la calle en apoyo a sus víctimas, somos, junto a ellas, tachados de ‘fascistas’, por las hordas de desinformadores al servicio del régimen, pagados con nuestros impuestos, mientras algunos de sus más crueles sanguinarios son calificados por el propio ocupa-Presidente del Gobierno de España, como “gente de paz”. Mientras ‘su’ Fiscal General del Estado les recurría sentencias de prisión, en bochornoso amparo estatal al terrorismo y en una intolerable y humillante suplantación del estado ejerciendo de abogado defensor de terroristas condenados por sus actividades contra el derecho a la vida y a la libertad. Esto junto a que ZP igual que utiliza el erario público para financiar el terrorismo de Hamas, lo hace para financiar el de ETA, imponiendo a sus acólitos en las nóminas de instituciones autonómicas, ayudará a entender la clase, ralea, pelaje y procedencia de los individuos en cuyas manos infames, se gesta el fin y el hundimiento de la nación española, y de los daños morales, físicos, patrimoniales o estructurales que sus decisiones provocan a nivel nacional e internacional, bajo el nombre y la responsabilidad criminal y subsudiaria, de una nación sometida y sumisa al tirano que nos destruye y que por supuesto no somos inocentes, ya que la cobardía frente al crimen que nos ocupa, no nos exime de las responsabilidades penales que este cometa en nuestro nombre, por ser nuestros ‘asalariados’ y permitirles utilizar nuestro estado, para la comisión de sus desmanes, .

Los ocupantes de nuestro Gobierno, no nuestra Justicia dada su inexistencia efectiva, son los que perjudican -contra la legalidad internacional y contraviniendo todos los pactos y acuerdos en pro de la lucha contra el terror- de forma intolerable, a una nación amiga a la que la nación española debe, más que ninguna otra, comprensión y apoyo a su natural ejercicio de legítima defensa, tras padecer por más de cuarenta años, el azote indiscriminado del terrorismo etarra. En todo conflicto armado siempre podremos criticar algo a ambos bandos -yo siempre lo hago- pero nadie puede cuestionar el derecho a legítima defensa a ningúna nación agredida y mucho menos por el cobarde acto traicionero, cruel y abyecto, del terror indiscriminado.

Es la nación, la ciudadanía española, responsable de permitir un uso criminal de su estado, al financiar con su erario público, actividades criminales contra sí misma y contra otra nación que, contrariamente a nosotros, sí acometen con dignidad y valor el derecho a defenderse del mismo.

Ya ocurrió que en otra ocasión, una nación también omitió cobardemente, el inedudible deber de impedir las actividades criminales de su estado y en su nombre, y setenta años después aún continúan pagando responsabilidad civil-sibsidiaria, por autoría en complicidad de aquel horrendo crimen de omisión.

Aquella nación actuó de la misma manera que a día de hoy actúa la nación española, de la que no soy arte, pero sí parte. Ambas omitieron el deber de amparar el derecho natural, legal e internacional sobre los derechos más fundamentales de la nación judía, vilmente violados a manos de gobernantes ilegítimos, en su representación. Con sus recursos. Desde su estado. Y en su nombre.

Parece que Venezuela tampoco anda lejos de esa estela.

Abrazos Martha¡¡¡

Pregunta hoy a cualquier español por la Justicia, y verás lo que te responde: ¡Que es un cachondeo!

La apoyan abiertamente.

Muy buena entrada.