Martha Colmenares

Por mucho que algunos quieran ocultarlo, la América Latina está en convulsión; y quiéranlo o no, tarde o temprano estará en ebullición. Adicionalmente a la crisis financiera que también colapsará a los mercados latinoamericanos, muchos de los países de este continente están viviendo su propio infierno. Unos como Argentina y Venezuela, según los entendidos sufrirán más profundamente la crisis económica como consecuencia de la debacle financiera mundial. Esto ocasionará serios problemas sociales. La Sra. Presidenta de Argentina ya por fin lo ha reconocido; el presidente venezolano no quiere verlo. Nicaragua desde hace tiempo viene aquejando infinidad de problemas políticos… Pero el caso de Venezuela es emblemático…

¿Y ahora qué?
Por Virginia Contreras

Mientras en los Estados Unidos se devanan los sesos tratando de buscar una solución a la grave crisis financiera que padece, pareciera que ningún otro problema importante existiera en el continente. Pero si bien es cierto que los malos manejos de ciertas instituciones financieras han producido todo tipo de situaciones, este no es el único problema a su alrededor.

Por mucho que algunos quieran ocultarlo, la América Latina está en convulsión; y quiéranlo o no, tarde o temprano estará en ebullición. Adicionalmente a la crisis financiera que también colapsará a los mercados latinoamericanos, muchos de los países de este continente están viviendo su propio infierno. Unos como Argentina y Venezuela, según los entendidos sufrirán más profundamente la crisis económica como consecuencia de la debacle financiera mundial. Esto ocasionará serios problemas sociales. La Sra. Presidenta de Argentina ya por fin lo ha reconocido; el presidente venezolano no quiere verlo. Nicaragua desde hace tiempo viene aquejando infinidad de problemas políticos; el último de ellos se produjo hace unos meses por las denuncias de fraude de las elecciones municipales hechas por parte de la oposición y de la totalidad de los observadores internacionales allí presentes. Como consecuencia de esto el gobierno Norteamericano ha decidido suspender la ayuda económica que desde hace años había venido facilitándole al país más pobre de este continente después de Haití.

Bolivia, la cual a pesar del triunfo de su jefe de estado en el referéndum en su contra y en la aprobación de una nueva Constitución, no ha logrado garantizar ni la paz social ni mucho menos el bienestar de los bolivianos. Eso lo demuestran la cantidad de manifestaciones públicas, acompañadas de verdaderas batallas campales que prácticamente todas las semanas se producen en ese país.

Por su parte Ecuador el cual a raíz de sus persistentes discusiones con Colombia respecto al ataque al campamento guerrillero de las FARC, en vez de demostrar la violación a su soberanía, más bien lo coloca a nivel mundial en entredicho respecto a su amistad con el fallecido comandante guerrillero Raúl Reyes. Todo esto mientras la economía de ese país, sustentada en la producción petrolera, se viene erosionando en la misma proporción en que los precios del petróleo continúan bajando.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y la misma Nicaragua, cuyas economías no sólo se basan en el desarrollo interno de esos países, sino en las remesas que sus ciudadanos, fundamentalmente en los Estados Unidos, envían a sus familiares, en donde ambos sistemas se resentirán y con ello crecerá el descontento social. Adicionalmente al aspecto económico, a pocas horas de las elecciones presidenciales en El Salvador crece la preocupación en el ambiente; y es que en ese país, y a pesar de la subida en las encuestas del candidato del gobierno, no hay razón para suponer que el candidato izquierdista Mauricio Funes (FMLN) -que ha liderado las encuestas durante todo un año- vaya a perderlas.

Perú con sus viejos problemas económicos, los cuales se agravarán con la crisis, y que el veterano presidente Alan García no ha podido contener. Estos problemas han derivado en profundas diferencias sociales y caos político los cuales han servido como caldo de cultivo para la ya permanente injerencia de Venezuela en los asuntos internos de ese país. Colombia con su guerra civil no declarada en donde no obstante las bajas que su gobierno ha podido producir a los grupos irregulares, guerrilleros y paramilitares, dichas organizaciones impiden el normal desarrollo del país. Esto sin contar la delicada posición en la cual se encuentra el gobierno Colombiano, sabiendo de la colaboración que el gobierno venezolano le facilita a las organizaciones guerrilleras y teniendo que mantener sus relaciones diplomáticas con éste, por la dependencia económica y por la cercanía entre ambas naciones.

Los países del Mercosur (Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay) con sus “barbas en remojo” por la secuela financiera, si bien los dos primeros con muchas mayores posibilidades de afrontarla que los otros; y por último Haití con una pobreza tal, que paradójicamente para este país probablemente la situación financiera mundial no implique ningún cambio adicional a su situación.

Pero el caso de Venezuela es emblemático. Hace solamente tres semanas este país vivió otro proceso electoral; en este caso para discutir la posibilidad de reelección indefinida de los candidatos electos por elección popular. Después de este referéndum constitucional, en donde el presidente venezolano obtuvo la garantía de una candidatura presidencial de por vida, este ya no tiene nada qué ocultar. A menos de 24 horas que el organismo electoral había declarado el triunfo del gobierno, ya se comenzaba a hacer público el reclamo por parte de los trabajadores para hacer respetar sus derechos adquiridos. No estamos hablando de trabajadores opositores sino de miembros del estado venezolano.

No habían terminado de extenderse estas denuncias, cuando ya el gobierno venezolano, bajo el más puro sistema Stalinista, ordenaba la ocupación militar de ciertas empresas productoras de arroz alegando violaciones a la ley. Este simple hecho sirve para demostrar la anarquía que se vive en Venezuela; en donde por una presunta violación a la ley por parte de algunas empresas, en vez de aplicar la ley y sancionarlas de acuerdo a ésta, el presidente de la República, con autoridad omnipotente, decide el envío de un convoy militar para resolver la situación. Claro mensaje para los potenciales inversionistas y eventuales productores en ese país, sobre todo en un momento en que los distintos gobiernos de la América Latina han coincidido en reconocer que la mejor manera de afrontar la crisis financiera es mediante la búsqueda de inversiones capaces de crear desarrollo económico y de generar empleo.

Por si esto fuera poco, el Jefe de Estado venezolano amenazó con la expropiación de las empresas que se nieguen a producir los bienes y servicios en la forma que el gobierno ha establecido. No importa si hay razones sensibles, como la falta de seguridad jurídica, o la ausencia de insumos industriales para no producir. “Ese no es problema del gobierno” ha dicho el presidente; y “quien no cumpla con la ley perderá sus empresas”. En igual circunstancias se encuentran las haciendas, fincas y en general las propiedades que a juicio de un organismo llamado “INTI” posean lo que han denominado “latifundios”. Así, los poseedores de tierras, que “a juicio” de dicho organismo no cumplan con el mandato, según la justicia bolivariana, las perderán.

Pero esto no queda aquí; en el caso de los trabajadores que decidan quejarse por el incumplimiento de sus reivindicaciones salariales por parte del Estado y ejercer su derecho a huelga, el mismo jefe de estado ya los ha amenazado con la cárcel.

Y así a la velocidad de la luz, el gobierno de Venezuela ha decidido cambiarles la vida a los venezolanos. Hace tres semanas, Caracas, la capital, se encontraba dirigida por el Alcalde Metropolitano, una figura creada por el mismo gobierno Chavista hace 8 años, en donde se le otorgaban al nuevo funcionario la mayoría de las atribuciones que poseía el Gobernador del Distrito Federal (Cuyo cargo fue eliminado). Hoy en día la figura del Alcalde resulta prácticamente de adorno en vista de que las competencias anteriormente existentes han sido transferidas progresivamente al poder central. Actualmente la Asamblea Nacional se encuentra discutiendo una modificación a la ley que creó dicha figura con el objeto de colocar por encima de su competencia a un funcionario a ser designado por el presidente de la República. Demás está decir que todo este atropello se hace en vista de que el mencionado funcionario es uno de los pocos logros de la oposición en las pasadas elecciones regionales.

En fin, que poco a poco los venezolanos están empezando a conocerse. Son muchos los que se dan cuenta de la diferencia de tratamiento que existe de parte de las autoridades cuando a quien hay que aplicarle la ley pertenece al gobierno o a la oposición. Cada día hay más gente que se da cuenta de la trampa en la cual ellos mismos han caído; y tal y como lo acaba de reconocer el presidente de la organización empresarial más importante de Venezuela (FEDECAMARAS) “como que hay algunos empresarios opositores que pareciera se benefician del gobierno”. De igual modo, representantes de sindicatos afectos al gobierno bolivariano, ya están empezando a quejarse del “maltrato del presidente Chávez a la clase trabajadora en general”. Parece mentira que no se hubieran dado cuenta antes y que sea ahora, después de otorgarle un cheque en blanco al presidente de la República para que los gobierne para siempre que sea vox populi el preguntarse: ¿Y ahora qué?
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*American Security Council Foundation
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