Martha Colmenares

Lo alerto, ahora cuando para muchos, especialmente para la dirigencia opositora pareciera que no hay otro tema de interés, sino el ver la forma de lograr un curulito en el Congreso, lo cierto es que, así como les montaron autoridades y dejaron sin competencias a los gobernadores y alcaldes electos por votación popular, pues lo que se tiene previsto es desplazarla (a la Asamblea Nacional) por el “Parlamento Comunal” para que las llamadas comunas puedan aprobar las leyes. Por algo Chávez anda bajo la insistencia de lo que significaría si la oposición ganara la mayoría de diputados a la AN, porque se acabarían los logros de la revolución, que sería un “desastre“. Esto se conoce como “preparar el terreno”… Sobre esto anexo la información, relacionados y un artículo de Luis Marin muy ilustrativo para entender el “Consejo Federal de Gobierno”, cuando es ampliamente conocido el “rechazo del régimen” a la división de los poderes. Marcos Carrillo, también menciona que no se le ha dado la debida importancia.

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La Asamblea será desplazada por el “Parlamento Comunal”
El chavismo propone que comunas y grupos sociales aprueben las leyes

La AN creará un Registro Nacional de Organizaciones Sociales y enseñará a la gente a legislar (Enio Perdomo)
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* A la carta

Mientras todos, chavistas y opositores, sueñan con una curul, está en marcha un plan para sacudir la Asamblea Nacional.

En su afán de destruir el sistema “burgués”, el oficialismo busca sentar las bases del “Estado comunal”, que incluye un “gobierno comunal” y ahora un “Parlamento Comunal”.

Para relanzar el parlamentarismo social de calle, la AN trazó una estrategia que contempla el establecimiento del “Parlamento Comunal”, el cual define así: “Plataforma organizativa que conforme al principio constitucional ejerce el acto de normar su propia comunidad, propone iniciativas legislativas y ejerce control social de la gestión pública”.

La consecución de esta meta conlleva la creación del Registro Nacional de Organizaciones Sociales y la instalación de “espacios comunitarios para el debate parlamentario” en las mil 134 parroquias del país.

Desde las bases
Al frente de este esfuerzo se encuentra el primer vicepresidente de la AN, Darío Vivas. “Estamos enseñando al pueblo a legislar con la intención de conformar el ‘Parlamento Comunal’, donde la base organizativa del pueblo, como los consejos comunales y las comunas, puedan elaborar sus propias normas”, explica Vivas.

El diputado del PSUV por Caracas señala que toman como referencia lo planteado por el presidente Hugo Chávez Frías, quien ha dicho que las comunidades deben sancionar sus “cartas comunales”. “Son normas de convivencia que se crean para la cooperación y el intercambio social, cultural, político y económico”, resume el también coordinador de movilización de la tolda roja.

¿Desplazará el “Parlamento Comunal” a la AN? “Recuerda que la soberanía reside en el pueblo, estamos en una democracia participativa y de protagonismo popular. No podemos erigirnos como los representantes de la soberanía popular, simplemente somos voceros de ese pueblo”, responde Vivas.

El asambleísta sostiene que “el pueblo tiene la responsabilidad de decirnos qué cosa quieren que aprobemos. Ellos elaborarán en sus comunidades, en sus frentes de trabajo, las propuestas de leyes que deben venir a la AN”.

Aunque todavía no hay una fórmula determinada, Vivas opina que el “Parlamento Comunal” podría “aprobar en primera instancia” los textos que posteriormente serían considerados por la Cámara. “Aquí vamos a trabajar para que haya una instancia de decisión del pueblo elaborando leyes”, sentencia el dirigente del PSUV.

Paso a paso
El parlamentarismo social de calle inicia este año sometiendo a consulta la Ley Orgánica de Participación y Poder Popular, la Ley de Contraloría Social, Ley de Propiedad Social, Ley Orgánica de Planificación Pública, la reforma de la Ley de Economía Popular y la Ley para las Comunas. Con este “bloque” de instrumentos pretenden impulsar el “fortalecimiento del poder popular”.

En la Ley Orgánica de Participación y Poder Popular, aprobada en primera discusión por la Cámara el pasado 16 de diciembre, expresan que la comuna “tiene como propósito el mayor compromiso de los ciudadanos en la planificación, elaboración del presupuesto y la gobernabilidad de las comunidades, permitiendo al pueblo ejercer el poder en la forma más directa posible”.

En otro documento redactado por la AN y repartido el miércoles en el marco del parlamentarismo social de calle, apuntan que “las comunas populares y socialistas están llamadas a convertirse en las nuevas unidades político-territoriales para construir el nuevo tejido social revolucionario”.

En el estado Portuguesa, el gobernador Wilmar Castro Soteldo ya ensaya una propuesta de “Estado comunal”. El mandatario regional ha constituido un centenar de “circuitos comunales”, especie de agrupaciones de consejos comunales que diseñan proyectos productivos, administran recursos y realizan tareas políticas, ideológicas y electorales. “Los más férreos opositores de esto fueron los alcaldes y los miembros del Consejo Legislativo, todos del PSUV”, confesó Castro Soteldo el miércoles 24 de febrero en la Comisión de Participación Ciudadana de la AN.

El andamiaje legal que permita suprimir el Estado capitalista para imponer en su lugar el Estado “comunal” aún no ha sido levantado. Sin embargo, el chavismo avanza y para ello piensa apoyarse en el “Parlamento Comunal”.
Domingo 14 de marzo
Pedro Pablo Peñaloza
EL UNIVERSAL

Consejo Federal de Gobierno
Por Luis Marín
Diario de América

Ya es público y notorio el rechazo del régimen a la división de los tres poderes públicos, que ha sido calificada como un debilitamiento del poder del ejecutivo; con esta ley del Consejo Federal de Gobierno y su Reglamento se arremete contra la otra forma de división (vertical) del poder entre regiones político- territoriales autónomas, a favor de un centralismo abiertamente totalitario.

El artículo 185 de la Constitución, del CFG, establece la descentralización y transferencia de competencias “del Poder Nacional a los Estados y Municipios”; ni siquiera menciona a los consejos comunales, comunas u otras formas de organización de base del “Poder Popular”.

Al contrario, la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno, pero sobre todo su Reglamento, habla de descentralización y transferencia de competencias de los Estados y Municipios a las organizaciones de base del “Poder Popular”. Incluso habla de “restitución” plena del poder al “Pueblo Soberano”, de ir “restituyendo” paulatinamente la capacidad de gobierno al pueblo.

No es necesario el menor análisis para advertir que no tiene nada que ver la Ley con lo que dice la Constitución. La jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia lo denominaría “fraude constitucional”; pero no el único ni el más grave.

La ley y su reglamento establecen una nueva ordenación territorial, integrada por Ejes Estratégicos de Desarrollo y Distritos Motores de Desarrollo, para culminar en Consejos Comunales, comunas y otras formas de organización popular, que no son entidades político territoriales, ni siquiera en el sentido de aquellos textos.

Pero lo realmente alarmante es que le atribuyen al Presidente de la República la competencia para rectificar o reestructurar el orden territorial de la República ¡por vía reglamentaria!

Lo que, además de ser una auto atribución de competencias, contradice lo dispuesto en el artículo 236 de la Constitución en que se fijan las atribuciones del Presidente de la República, que no contempla la de rectificar o reestructurar el orden territorial. O sea, que plantea un conflicto entre el artículo 5º de un simple Reglamento con el artículo 16 de la Constitución, que dice cuál es la división del territorio nacional.

La descentralización puede ser: del poder nacional a los estados y municipios, que es la llamada “territorial”, a que se refiere el artículo 185 de la Constitución arriba citado; y la descentralización de servicios, que es del poder central hacia entes descentralizados, como los Institutos Autónomos.

Pero la citada ley y reglamento redefinieron el concepto generalmente aceptado de “descentralización” para sustituirlo por otro al gusto revolucionario. Según la nueva definición, consiste en transferir competencias de los entes territoriales a entes no territoriales llamados Consejos Comunales, comunas u otras organizaciones de base del “Poder Popular”.

DEFINICIONES. Un reglamento de por sí exorbitante, se adentra en los grandes temas de teoría constitucional para dejar sentado, más allá de toda discusión, qué es lo que debe entenderse por cada uno de ellos, manu militari, con voz de mando.
Así “federalismo” no es una forma de organización del poder político territorial, inventado en los Estados Unidos de Norteamérica y luego adoptado por casi toda Latinoamérica, desde México a la Patagonia, pasando por Brasil e incluso Venezuela, sino algo muy sui generis.

En lugar de división territorial del poder, este nuevo federalismo se basa en el principio de integridad territorial, económica y política de la Nación, en la cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad entre instituciones del Estado y pueblo soberano, para ¡la construcción de la sociedad socialista!

El nuevo federalismo logrará este loable propósito “mediante la participación protagónica del pueblo organizado en las funciones de gobierno y en la administración de los factores y medios de producción de bienes y servicios de propiedad social, como garantía del ejercicio pleno de la soberanía popular frente a cualquier intento de las oligarquías nacionales y regionales de concentrar, centralizar y monopolizar el poder político y económico de la Nación y de las regiones” (sic).

Asimismo “descentralización” no es el concepto mencionado up supra, en sus modalidades territoriales y de servicios, sino que se trata de la “restitución plena del poder al Pueblo Soberano”, mediante la transferencia paulatina de competencias y servicios desde las instituciones hacia las comunidades organizadas. Consiste en alcanzar la democracia auténtica “restituyendo las capacidades de gobierno al pueblo”.

“Transferencia de competencias” es un proceso mediante el cual “las entidades territoriales restituyen al Pueblo Soberano, las competencias en las materias establecidas en la ley, en concordancia con el artículo 184 de la Constitución”.

El pequeño detalle es que el artículo 184 se refiere a la descentralización de “servicios” en el ámbito municipal, no habla para nada de transferir “competencias”. Su ámbito es el Municipio, no el Consejo Federal de Gobierno, regulado en el artículo 185, que se refiere a la descentralización territorial, no a la transferencia de servicios de que habla el 184 o de competencias a que se refiere la ley.

Pero lo más grandioso es que entre estas “entidades político territoriales” que deben restituir competencias al Pueblo Soberano, no se encuentra la República de acuerdo con la misma definición que hace el reglamento.

En la definición de entidades político territoriales menciona a los Estados, Municipios y al Distrito Metropolitano; pero no a la República, así que el Poder Central no cede nada a nadie, mediante un burdo artificio de redacción.

SOCIALISMO. La Ley Orgánica del CFG traza como misión fortalecer el poder popular “en aras de facilitar la transición hacia el socialismo”. De manera que no debe extrañar que el reglamento repita 9 veces la misma expresión e incluso intente una definición de qué debe entenderse por semejante cosa.

“El socialismo es un modo de relaciones sociales de producción centrado en la convivencia solidaria y la satisfacción de las necesidades materiales e intangibles de toda la sociedad, que tiene como base fundamental la recuperación del valor del trabajo como productor de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas y lograr la Suprema Felicidad Social.” Así mismo, con mayúsculas.

Para lograr esta maravilla “es necesario el desarrollo de la propiedad social sobre los factores y medios de producción básicos y estratégicos”.

Por supuesto que resulta superfluo entrar a preguntarse porqué un simple reglamento de una ley entra a discurrir entre conceptos filosófico-políticos tan harto discutibles; pero es que este no es el simple reglamento de una ley, es un manifiesto político ideológico y así debe interpretarse.

Tampoco vale la pena analizar la consistencia interna de esta definición, sobre todo en cómo engrana la “convivencia solidaria” con la lucha de clases; si las necesidades “intangibles” tienen algo que ver con la religión, que es el opio del pueblo; o si la suprema felicidad social tiene algo que ver con la satisfacción de los individuos, que son los únicos capaces de ser felices, porque la felicidad “social” es algo que no alcanza a verse; o si “el pleno goce de sus derechos económicos, sociales, políticos y culturales” incluye también a la “burguesía”; pero esto sería tomarse la cuestión demasiado en serio.

Mejor tratemos de ver en qué puede traducirse esto en términos prácticos, lo que también hace superfluo abrigar cualquier ilusión en cuanto a supervivencia de la propiedad privada y de derechos individuales en el esquema propuesto.

Se obliga a estados y municipios a presentar en los primeros quince días de cada año sus propuestas de descentralización y transferencia de competencias a las organizaciones de base de “Poder Popular”. Este vaciamiento unido al desarrollo de proyectos y distribución de recursos a través de ejes estratégicos y distritos motores de desarrollo, conduce en la práctica a la eliminación del Estado Federal, para sustituirlo por un régimen absoluto completamente centralizado, sin división territorial del poder.

Los sistemas de control constitucional del poder son: los controles horizontales, que es la división en ejecutivo, legislativo y judicial; y los controles verticales, que es la división en República, Estados y Municipios.

Ya es público y notorio el rechazo del régimen a la división de los tres poderes públicos, que ha sido calificada como un debilitamiento del poder del ejecutivo; con esta ley del Consejo Federal de Gobierno y su Reglamento se arremete contra la otra forma de división (vertical) del poder entre regiones político- territoriales autónomas, a favor de un centralismo abiertamente totalitario.

CUBANISMOS. A estas alturas resulta completamente anecdótico destacar que el reglamento prevé la designación de una “Autoridad Única Distrital”, en la jefatura de cada Distrito Motor de Desarrollo; así como que sus funciones les serán asignadas por el Presidente de la República en el Decreto de creación del respectivo Distrito, con lo que no se excluye que cada uno pueda tener las suyas particulares, a juicio del Comandante en Jefe.

Lo mismo sería recordar que las organizaciones de base del “Poder Popular” tampoco son elegidas por nadie, sino que son validadas por el Ministerio “con competencia en participación ciudadana”, sin que se diga cuál sea claramente, por lo que en la práctica podría ser cualquiera.

Resulta completamente palmario que el sistema de legitimación del poder por medio del voto popular está completamente abolido en este sistema. En cambio, la planificación sigue un orden ascendente, desde los consejos locales, a los municipales, estadales, regionales y finalmente nacionales, teniendo presente que todos estos planes “atienden a la visión de país y al rumbo estratégico contenido en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación”, que es el plan dirigido al socialismo.

Este es, al calco, el sistema de Estado Soviético reinante por setenta años en la URSS y que hoy sólo sobrevive en Cuba. No en balde la traducción literal del ruso al español de la palabra “soviet” es “consejo”, así como “comuna” es la raíz de la palabra “comunismo”.

Finalmente, como para que no queden dudas de cuál es la filosofía que está en el trasfondo de esta normativa, no podía dejar de tener su huella militarista y demencial, para lo que basta un ejemplo. Se establece que el Presidente podrá “en Consejo Revolucionario de Ministros”, crear, modificar, suprimir uno o varios Distritos Motores de Desarrollo, cuyos límites “podrán coincidir o no con los límites territoriales de los estados, municipios o dependencias federales; en su defecto (sic) serán establecidos de acuerdo al sistema de coordenadas geográficas o Universal Transversal de Mercator (U.T.M.) o considerando criterios geográficos asociados a las divisorias de aguas y cotas que representan cambios significativos de pendiente que dan lugar a unidades de paisaje diferente”. ¡Entiéndalo quien pueda!

Se puede pasar el resto de la vida preguntándose de dónde salió ese Consejo “Revolucionario” de Ministros, y porqué aquí es así y en todos los otros casos no; o bien distraerse con ese “en su defecto” que no se sabe de qué; pero lo que sí riza el rizo es el U.T.M. que, dicen los que saben de eso, es un sistema de coordenadas geográficas creado por el cuerpo de ingenieros del ejército de los Estados Unidos, universalizado a las fuerzas armadas aliadas en 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, para superar los problemas de cálculo cartográfico (sobre mapas planos) de tropas desplegadas sobre tierra y mar (espacio ligeramente curvo).

¿Qué carajo hace esto aquí?

El Diablo, dicen los que saben de eso, siempre deja la huella de su pezuña, donde menos se espera.
19/3/2010

Chávez y las trampas a las elecciones parlamentarias
Marcos R. Carrillo P.

Chávez y sus acólitos se saben perdidos en las elecciones del 26 de septiembre (26S), no hay duda. También van a irrespetar los resultados. Esta es otra certeza que todo demócrata debe advertir. La supervisión realizada por el tal Ramiro Valdez, pretor del imperio cubano, y la actitud desesperada de su principal ficha en Venezuela (y presidente, por ahora) son suficientes signos del temor a la democracia que tienen los totalitaristas que hoy gobiernan el país. Pero, además de estas actitudes, también han pasado a realizar acciones concretas para comenzar, desde ya, a vulnerar el resultado de las elecciones parlamentarias.

El domingo pasado se publicó una noticia a la que no se le ha dado la trascendencia debida. La información daba cuenta de que la AN sería desplazada por un denominado “parlamento comunal”. La instancia estaría conformada por grupos registrados en un denominado “Registro Nacional de Organizaciones Sociales” y funcionaría en espacios comunitarios para el debate parlamentario (¿?). Su función sería la de legislar y aprobar en primera instancia los textos que se someterían a la AN. En otras palabras, la labor del Parlamento Nacional, estaría subordinada a los mandatos de dichas organizaciones.

Casi paralelamente, en una de las actitudes más miserables de las que se haya tenido noticias en nuestra historia, los magistrados del TSJ procedieron a otorgarse una jubilación en masa que, según expertos laboralistas, puede llegar a montos de varios millones de dólares por concepto de prestaciones, más su respectiva pensioncita mensual de más de Bs. 50.000 -monto que serviría para pensionar a más de cincuenta personas. ¿How are you Fidel?

Más allá de la grosera demagogia implícita en la primera situación y de la desvergüenza de la segunda, debe hacerse notar una obvia estrategia para vaciar de cualquier capacidad de acción a la futura AN, tal y como se ha venido haciendo con la Alcaldía Mayor y las gobernaciones de Miranda, Táchira y Zulia. En efecto, el fin fundamental de estos dos movimientos es el de eliminar, de hecho, la AN. Con el invento del parlamento comunal se someterá la AN a los designios de supuestas organizaciones sociales cuya existencia sólo sería posible en la medida que se encuentren registradas -y subordinadas, claro está- a un órgano del gobierno. Repetimos, la labor legislativa de los futuros parlamentarios estaría condicionada por las decisiones de grupos no electos democráticamente, sino creados y definidos por el Ejecutivo y sometidos a sus caprichos.

Por otro lado, dado que el nombramiento de los magistrados del TSJ es una competencia reservada constitucionalmente a la AN, lo que sucederá, como consecuencia de la resolución de la jubilación en masa, será que los magistrados se acogerán a sus jubilaciones, o el actual Parlamento los removerá, antes de las elecciones parlamentarias. De esta manera se imposibilitará a la futura Asamblea nombrar magistrados respetables e independientes que puedan poner freno a los abusos del gobierno y se le garantizará a Chávez, hasta el año 2022, un TSJ aún más abyecto y sumiso que el actual. Así de fácil.

El chavismo se cura en salud: si su oficina electoral, el CNE, no le puede hacer el favor completo, entonces ya se están tomando las medidas necesarias para que la AN sea un cascarón vacío a partir de su renovación, pues no podrá legislar ni nombrar a los magistrados del TSJ. En otras palabras, los dos principales poderes no podrán controlar al Ejecutivo Nacional.

Chávez es un dictador y no va a jugar con las reglas de la democracia. Es un deber de todos los demócratas en general y de la dirigencia política en particular comenzar desde ya a planificar cómo se enfrentará la burla a la democracia luego de las elecciones. Lo primero que habrá que hacer será votar masivamente a favor de la libertad. También ha dado resultados salirle al paso a tiempo a este tipo de abusos. Igualmente, habrá que seguir trabajando en la creación de consensos alrededor de la protección de la democracia.

Todavía hay tiempo, pero hay que leer el significado que subyace tras los hechos para poder prever los pasos que se siguen para la abolición definitiva de la democracia, de modo de poder organizar estrategias para su defensa.
mrcarrillop@gmail.com
El Universal
viernes 19 de marzo

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