Martha Colmenares

El 27 de noviembre de 1992, día viernes, se produjo otro golpe de Estado en Venezuela, el segundo de ese año, meses después al del 4 de febrero. Igualmente con su saldo de muertos. Este video trata de la toma violenta del canal 8 Venezolana de Televisión por un grupo de golpistas llamando a tomar al gobierno democrático y legítimamente constituido. Se dirigen a la nación con pistola en mano.

Vía
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VENEZUELA REGRESAN GOLPISTAS:

Los últimos cinco oficiales de la Fuerza Aérea Venezolana (FAV), asilados en Perú tras el frustrado golpe de noviembre de 1992 contra el ex presidente Carlos Andrés Pérez, retornarán el viernes a su país para ponerse a disposición de la justicia. El general de la FAV, Francisco Visconti, el de más alto rango entre los asilados, dijo que finalmente las condiciones están dadas para regresar al país y ponernos a derecho como es la necesidad política que tiene el Ejecutivo venezolano .
Publicación
eltiempo.com
Sección
Internacional
Fecha de publicación
27 de mayo de 1994

LIBERADO EL ÚLTIMO DE LOS LÍDERES GOLPISTAS VENEZOLANOS

El presidente venezolano, Rafael Caldera, ordenó ayer el sobreseimiento del juicio militar contra el general Francisco Visconti Osorio, jefe de la intentona golpista del 27 de noviembre de 1992. Caldera, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, asumió la medida que deja en libertad a Visconti , el último alto jefe militar detenido por la segunda de las dos rebeliones castrenses que superó Venezuela hace dos años.

Visconti Osorio vivió durante unos dos años como asilado político en Perú junto a otros 50 militares que huyeron a ese país tras fracasar el intento de golpe de Estado.

El jefe rebelde regresó a Venezuela hace tres semanas y el lunes pidió su baja de la Fuerza Aérea para posibilitar que Caldera ordenara el sobreseimiento de su juicio por el delito de rebelión.

Con la liberación de Visconti Osorio queda casi concluido el proceso de sobreseimiento de los juicios a los militares que participaron en los intentos de golpe de Estado del 4 de febrero y del 27 de noviembre de 1992 contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez (1989-93).

Sólo quedan en prisión dos oficiales, cuyos casos, al parcer, serán solucionados en los próximos días dentro de la política de reconciliación de las Fuerzas Armadas nacionales que se ha propuesto el actual gobernante venezolano.

Caldera, que asumió el poder el pasado 2 de febrero, ha cumplido su promesa electoral de dejar en libertad a los militares que se encontraban detenidos por su participación en las intentonas golpistas. Pero no parece haber puesto punto final a las discrepancias en las Fuerzas Armadas.

El también sobreseido coronel Hugo Chávez Frias, cabecilla de la rebelión del 4 de febrero, ha acusado al ministro de Defensa, general Rafael Montero, de haber conspirado antes de las elecciones para dar un golpe de Estado con su antecesor, el vicealmirante Radamés Muñoz León.

Montero a su vez ha acusado a Chávez de propagar rumores para desestabilizar el país.

Publicación
eltiempo.com
Sección
Internacional
Fecha de publicación
22 de junio de 1994
Autor
Efe

Un tribunal militar condena a 97 golpistas en Venezuela

El Pais

El denominado Consejo de Guerra Accidental, el tribunal encargado de enjuiciar a los golpistas del 27 de noviembre pasado, dictó sentencia condenatoria contra 97 procesados, civiles y militares. El tribunal decidió absolver a otros 99 enjuiciados por los cargos de rebelión militar, según informó ayer la agencia oficial de noticias, Ben Press.

La agencia no especificó qué tipo de condenas se aplicará a los que dirigieron la intentona golpista, como el general de aviación Francisco Visconti (que se encuentra asilado en Perú junto con 40 oficiales más) y el contralmirante Gruber Odreman y Cabrera. También está detenido en relación con el golpe el político y ex guerrillero Douglas Bravo, dirigente de la organización Tercer Camino. De acuerdo con el código militar, la pena máxima en este caso es de 30 años, acompañada de la expulsión de las Fuerzas Armadas venezolanas para los militares.

Entre las 99 personas que han sido absueltas por el tribunal especial figuran un total de 40 civiles, entre ellos el ex ministro de Fomento, Manuel Quijada y José Cova, secretario del escritor Arturo Uslar Pietri. Entre los, militares quedaron libres de culpa siete miembros de la Guardia Nacional, 32 del Ejército, ocho de la Armada y 12 de la aviación.

Sucesos: 27 de Noviembre de 1992

El 27 de noviembre de 1992 tuvo lugar un intento de golpe de Estado en Venezuela, el segundo de ese año (el primero ocurrió el 4 de febrero). A diferencia del alzamiento anterior, éste fue ejecutado por un grupo heterogéneo, denominado Movimiento Cívico-Militar 5 de Julio, integrado por altos oficiales de las 4 ramas de las Fuerzas Armadas, civiles pertenecientes a organizaciones revolucionarias y grupos que adversaban al gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez. Este movimiento surgió durante 1992, como consecuencia del intento del 4 de febrero, y se conformó para la tarea de preparar y dar un nuevo golpe de Estado. Los responsables militares de esta asonada fueron los contralmirantes Hernán Grüber Odremán (jefe de la operación) y Luis Enrique Cabrera Aguirre, el general de brigada de la Fuerza Aérea Francisco Visconti Osorio, el coronel del Ejército Higinio Castro y el mayor de la Guardia Nacional Carlos Salima Colina (los 2 últimos participaron en la planificación del golpe, mas no en su realización). Por el sector civil estuvieron involucradas las organizaciones Bandera Roja y Tercer Camino, así como individualidades pertenecientes a las agrupaciones Frente Patriótico y críticos del gobierno organizados, de elevadas posiciones. Los principales enfrentamientos ocurrieron en el Distrito Federal y en los estados Miranda, Aragua y Carabobo. La insurrección fue controlada por el gobierno el mismo día 27, provocando la rendición de los involucrados y la huida y posterior asilo en Perú de cerca de un centenar de los mismos. En los meses que siguieron al 4 de febrero se repetían los rumores acerca de la organización de un segundo intento de golpe de Estado. El gobierno conocía algunos de estos planes y grupos conspirativos, e incluso logró infiltrarlos; tal fue el caso del Movimiento 5 de Julio, que se constituyó hacia julio de 1992. La asonada se planificó inicialmente para el día 4 de octubre; luego se consideraron los días 12 de octubre, 24 y 30 de noviembre, y finalmente el día 27. Los cambios de fecha estuvieron asociados con diferencias de criterio surgidas entre los altos oficiales y los grupos revolucionarios, puesto que para los últimos un objetivo clave de la operación debía ser liberar al comandante Hugo Chávez Frías (jefe de la asonada del 4 de febrero) de su prisión en Yare, mientras que los primeros no consideraban esa acción como una prioridad. Las modificaciones también se debieron a la constatación de que el movimiento y sus intenciones eran conocidos por el gobierno a raíz de las infiltraciones y delaciones, lo cual obligó a los rebeldes a reformular sus planes originales. Los insurgentes adujeron como razones para promover el golpe el fracaso de las salidas institucionales a la crisis política desatada a partir del intento de golpe de Estado de febrero, a la falta de voluntad del gobierno para rectificar sus políticas y a las frustraciones ante la ausencia de disposición del alto mando militar para admitir y ejecutar reformas en la Fuerzas Armadas. También hicieron suyas las razones expuestas por los golpistas de febrero, como el uso de las Fuerzas Armadas en la represión de los sucesos del 27 de febrero de 1989; la incapacidad del gobierno de Pérez; la corrupción de los altos mandos militares, su distanciamiento del resto de la oficialidad y de las tropas; la escasa atención a los problemas de capacitación, equipamiento y financiamiento de las Fuerzas Armadas. Los golpistas tenían planteado arrestar al presidente Pérez para sustituir al gobierno vigente e implantar «una auténtica democracia». Logrado el objetivo militar, el nuevo gobierno recaería en una Junta Cívico-Militar, integrada por 6 civiles y 4 militares, uno por cada arma. Los cargos de presidente y uno nuevo de primer ministro de la Junta corresponderían, por votación entre sus miembros, a 2 civiles. Los golpistas elaboraron una agenda de transformación nacional que abarcaba una multiplicidad de áreas, y tenían previsto convocar a elecciones «una vez logrados total o parcialmente los propósitos» de la misma.

Las operaciones del alzamiento se dirigieron desde el Museo Histórico Militar de La Planicie, bajo el comando de los contralmirantes Grüber Odremán y Cabrera Aguirre, acompañados por otros oficiales de rango medio. Además de los efectivos militares involucrados y de civiles de Bandera Roja y Tercer Camino, en las acciones también participaron 35 desertores del grupo Zeta, la organización de comando táctico más especializada de la Policía Metropolitana. Aunque en la jefatura del movimiento había representantes de las 4 ramas, la Fuerza Aérea tuvo una participación decisiva en este intento. En segundo lugar de importancia se colocó el Ejército, pues de la Armada sólo se incorporaron los altos oficiales que dirigieron las acciones y 50 efectivos de la Unidad de Operaciones Especiales (UOPE) y la Guardia Nacional tampoco se hizo presente. Las operaciones militares en el Distrito Federal y el estado Miranda comenzaron desde las 4:30 a.m. del día 27. Una de las lecciones que los golpistas habían aprendido de la anterior asonada fue la necesidad de dominar los medios de comunicación como requisito indispensable para asegurar el éxito de la operación; por ello entre las primeras acciones se contaba el control de los canales de televisión. Un capitán y 30 efectivos del batallón de Comunicaciones del Ejército, con base en el Fuerte Tiuna, tomaron la televisora del Estado, Venezolana de Televisión (canal 8), al igual que el transmisor de Los Mecedores, con lo cual las señales de los canales 2, 4 y 8 quedaron bajo su dominio. Después de estas acciones, los insurrectos procedieron a transmitir un programa grabado con anterioridad, en el cual el comandante Chávez arengaba a la población y apoyaba el nuevo alzamiento. Al igual que en febrero, en esta ocasión el control de los medios de comunicación fue crítico para definir la suerte del alzamiento. Por razones que aún no han sido esclarecidas, en lugar de transmitirse el prolijo programa preparado con anterioridad por los 5 altos oficiales que dirigieron la preparación del golpe, en el que se exponían las razones del mismo y se convocaba a los miembros de las Fuerzas Armadas y a la población a secundarlos en la asonada, repetidamente se difundió un mensaje del comandante Chávez, quien no estaba vinculado a los cabecillas del alzamiento. Igualmente, mientras el canal 8 estuvo dominado por los rebeldes, se transmitieron alocuciones improvisadas desde la sede del mismo. En ellas civiles y militares armados, utilizando un lenguaje elemental y violento, llamaban a la población a solidarizarse con el golpe y a salir a la calle a apoyarlo, valiéndose incluso de «picos de botellas». El impacto producido por estas alocuciones fue demoledor para el éxito del alzamiento. El aspecto y el mensaje de los rebeldes, que no guardaba relación con las supuestas intenciones de los altos oficiales golpistas, generó temor y rechazo al movimiento en vastos sectores de la población y desmoralización entre los comprometidos con el alzamiento. Se ha especulado que la decisión de no difundir la grabación de los altos oficiales y de sustituirla por la de Chávez y por las improvisaciones, se debió a las diferencias internas del movimiento, correspondiéndole a los afiliados a los grupos revolucionarios la responsabilidad por esta iniciativa, dada su admiración incondicional por Chávez y sus recelos respecto a la dirigencia militar. También se ha atribuido este sabotaje a infiltraciones gubernamentales. Por su parte, el presidente Pérez, como el 4 de febrero, se adelantó a los acontecimientos, y hacia las 6:30 a.m. se dirigió a través del canal 10 de televisión, que no pudo ser controlado por los insurgentes, informando que las fuerzas golpistas habían sido dominadas y que el intento era «un coletazo del 4 de febrero», y convocó a la población a efectuar sus actividades normales. En la región capital los enfrentamientos más intensos tuvieron lugar a propósito de la toma de la sede del canal 8 de televisión y su posterior recuperación por parte de las fuerzas del gobierno, con saldo de muertos y heridos para ambas partes. Igualmente fueron intensos los combates en la base aérea Francisco de Miranda en La Carlota y en el Palacio de Miraflores, la residencia presidencial La Casona, las sedes de la DISIP en El Helicoide y Los Chaguaramos y la sede de la Policía Municipal del municipio Sucre en La Urbina. Pasadas las 4 p.m. y luego de firmes incursiones con unidades blindadas del Ejército, aviones y efectivos de la Guardia Nacional, las fuerzas leales pudieron retomar el control de la base Aérea Francisco de Miranda y lograr la rendición de los insurrectos.

Como resultado de una combinación entre reacciones espontáneas y acciones dirigidas por las agrupaciones revolucionarias incorporadas a la asonada, se produjeron incidentes en algunas zonas del oeste de Caracas, en la que grupos de población civil salieron a protestar o a manifestar su solidaridad con los golpistas, ocasionando daños a instalaciones, saqueos y quema de vehículos. También se presentaron francotiradores, que durante el día 27 y aún en la mañana del sábado 28 causaron alarma en el oeste de Caracas y en los alrededores del regimiento de la Guardia de Honor y en el Palacio de Miraflores. Por otra parte, se registró un grave motín en el centro penitenciario Los Flores de Catia que, según las estimaciones oficiales, produjo 63 muertos, más de 50 heridos y alrededor de 80 reclusos fugados. Estos sucesos fueron enfrentados por efectivos de la policía, de la Guardia Nacional y del Ejército. Se presentaron enfrentamientos en el centro penitenciario metropolitano de los valles del Tuy (Yare), cuando el día 27 en la mañana, 30 militares y algunos civiles pretendieron infructuosamente ingresar a bordo de un tractor al departamento de procesados militares, donde se encontraban detenidos los comandantes Hugo Chávez Frías, Francisco Arias Cárdenas y otros 10 oficiales procesados por el alzamiento del 4 de febrero. En Los Teques hubo disturbios y choques entre civiles y efectivos policiales, y en los valles del Tuy se registraron saqueos. Los combates en la capital culminaron con la rendición de los jefes de la rebelión en el Museo Histórico Militar. Hacia las 10 a.m. habían comprendido que el movimiento no tenía posibilidades de triunfar y al mediodía solicitaron la intermediación de la Fiscalía General de la Nación para acordar su rendición. Mientras tanto manifestantes de la urbanización 23 de Enero y sus alrededores impedían el paso de los vehículos militares y solicitaban a los rebeldes que les suministraran armas para apoyar la asonada. La rendición se concretó entre las 3:30 y 4 p.m., en una comunicación enviada por los jefes golpistas al Ministerio de la Defensa. Los contralmirantes Grüber y Cabrera fueron conducidos a la sede del Ministerio de la Defensa, luego trasladados a la sede de la Dirección de Inteligencia Militar y finalmente recluidos en el cuartel San Carlos, en donde permanecieron hasta su liberación. En Caracas, la intervención de las fuerzas gubernamentales se prolongó hasta el fin de semana que siguió al alzamiento en el intento de restablecer el orden público, especialmente en el oeste de la ciudad. La Universidad Central de Venezuela fue allanada el día 27 en la noche por efectivos de la Guardia Nacional, quienes informaron haber hallado en su recinto armas y material subversivo. En las guarniciones de los estados Aragua y Carabobo los rebeldes tomaron la mayoría de las instalaciones militares y la Escuela Básica de la Aviación. Las principales acciones de las fuerzas insurgentes ocurrieron en la base aérea Libertador, comandadas por el general Visconti, y en la base Sucre, al mando del coronel de la aviación Jorge Garrido Martínez. Desde aproximadamente las 5 a.m., unidades aéreas comenzaron a despegar hacia distintos destinos del país. Cuatro aviones Bronco, 3 Mirages, 2 T2D y varios Tucanes T-27 bombardearon la base Francisco de Miranda en La Carlota, el Palacio de Miraflores y El Helicoide. En el estado Lara bombardearon las instalaciones militares de la base aérea Vicente Landaeta Gil de la capital, causando destrozos en la pista de aviación civil y las instalaciones de seguridad. Las fuerzas leales repelieron los ataques, y haciendo uso de baterías antiaéreas derribaron 2 aviones Bronco, cayendo uno en Barquisimeto y otro en Yaritagua. Adicionalmente, 2 aviones Bronco fueron derribados, uno en la base Francisco de Miranda en La Carlota y otro en la base aérea Libertador de Palo Negro (Maracay). Los enfrentamientos en las bases Libertador y Sucre ocurrieron cuando unidades blindadas de las fuerzas leales intentaron retomar las bases, y los aviones rebeldes fueron derribados o averiados por baterías antiaéreas y disparos de aviones F-16. Las persecuciones aéreas de los F-16 leales y los ataques de unidades blindadas provenientes de Valencia y San Juan de los Morros, obligaron a los rebeldes a deponer sus armas. Finalmente, a las 3 p.m. un grupo de 93 insurrectos (41 oficiales, 37 soldados y 15 cadetes) al mando del general Visconti, salió de la base Libertador en un avión Hércules C-130 y huyó a Perú, aterrizando en la ciudad de Iquitos. Las relaciones diplomáticas entre Perú y Venezuela estaban interrumpidas por decisión del gobierno venezolano, a raíz del golpe de Estado que diera el 5 de abril de ese mismo año el presidente Alberto Fujimori. Los golpistas solicitaron asilo territorial al gobierno peruano, argumentando que sus vidas corrían peligro en Venezuela. El ministro de Relaciones Exteriores, general « Fernando Ochoa Antich, demandó ante las autoridades diplomáticas peruanas la devolución del avión Hércules C-130, de las armas y el retorno de los insurrectos. El gobierno peruano resolvió conceder el asilo solicitado; no obstante, una porción de los exiliados resolvió regresar y el avión Hércules C-130 y las armas le fueron devueltos a Venezuela. El gobernador del estado Aragua informó a las 5 p.m. que la situación estaba controlada y que como resultado de los sucesos había 33 efectivos militares y 5 civiles heridos; 5 militares y 3 civiles muertos y aproximadamente 1.000 detenidos. Posteriormente, fuerzas gubernamentales allanaron las facultades de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Central en Maracay y la Facultad de Medicina de la Universidad de Carabobo, donde fueron encontradas armas de guerra, uniformes militares y material subversivo escrito. En La Victoria los insurrectos asaltaron el cuartel Mariano Montilla y detuvieron a todos sus efectivos; una emisora de radio fue obligada a transmitir proclamas de los rebeldes pero la situación fue dominada hacia el mediodía por fuerzas leales del Ejército y de la Guardia Nacional. En Valencia, grupos de civiles universitarios, portando armas de guerra, intentaron controlar las entradas de la Universidad de Carabobo y llamaron infructuosamente a la población a incorporarse en apoyo al alzamiento. No se registraron incidentes en otras regiones del país, excepto en Zaraza (Edo. Guárico), donde civiles, presuntamente pertenecientes a un grupo guerrillero, intentaron tomar la ciudad, pero fueron rápidamente controlados por efectivos de la Guardia Nacional, dejando un saldo de 5 civiles muertos y un guardia nacional herido.

El mismo día del alzamiento, el presidente, reunido en Consejo de Ministros, decretó la suspensión de las garantías constitucionales. Al día siguiente el gobierno emitió el decreto núm. 2.669, según el cual se ordenó aplicar un procedimiento extraordinario para enjuiciar a los golpistas civiles y militares, previsto en el título 8° del libro 1° del Código de Justicia Militar, para lo cual se instaló un Consejo de Guerra Extraordinario. Igualmente se promulgó el decreto núm. 2.670 con el objetivo de garantizar la realización de las elecciones regionales del 6 de diciembre. Con el mismo se restringió el decreto de suspensión de garantías, permitiendo entre otros, el derecho de reunión y se redujo el horario de aplicación del toque de queda. El general Iván Darío Jiménez Sánchez, ministro de la Defensa, informó que como producto de los enfrentamientos, 17 aviones fueron averiados, 4 Broncos derribados y que los daños causados a las instalaciones militares ascendían a aproximadamente Bs. 800.000.000. Las estimaciones extraoficiales calcularon en 300 el número de muertos; en tanto que las cifras oficiales de fallecidos fueron de 142 civiles, 19 efectivos del Ejército, 3 de la Fuerza Aérea y 7 de la Guardia Nacional. Se contaron 39 heridos en el Ejército, 32 de la Fuerza Aérea, 17 de la Guardia Nacional y 7 de la Armada. Fueron detenidas 500 personas entre oficiales y suboficiales y cerca de 800 individuos de tropa, además de 40 civiles.

Al igual que en el intento de golpe del 4 de febrero de 1992, se produjeron delaciones y deserciones a lo largo de la planificación de la asonada y durante su ejecución, que perjudicaron el desenvolvimiento de las acciones de los golpistas. El gobierno logró controlar la situación desde el punto de vista militar, siendo la reacción oficial mucho más enérgica que en la asonada anterior. A diferencia del intento del 4 de febrero, este alzamiento resultó un fracaso tanto en términos militares como políticos. La violencia de algunas acciones, particularmente la del canal 8; la pésima imagen del movimiento que se transmitió a través de las alocuciones; el temor que sembraron en la población las incursiones de los aviones de guerra, generaron reacciones en contra del alzamiento y el descrédito de los golpistas. Este intento de golpe se planificó bajo el impacto de los resultados del de febrero, y si bien es indudable que la popularidad de los líderes de la asonada anterior era muy alta así como el descrédito del gobierno, en la concepción de este segundo intento hubo una sobrestimación de la disposición de la población y de las Fuerzas Armadas a participar y apoyar un movimiento insurreccional. Las elecciones del 6 de diciembre se realizaron sin contratiempos, aunque bajo la supervisión de un amplio operativo militar. En marzo de 1993 la Corte Suprema de Justicia decidió la nulidad del decreto mediante el cual se instaló el Consejo de Guerra Extraordinario, y por lo tanto quedaron invalidados los juicios efectuados por el mismo, así como las condenas decididas. Al igual que lo sucedido con los involucrados en el intento del 4 de febrero, las causas de unos fueron sobreseídas y los oficiales de mayor rango fueron indultados por el presidente Rafael Caldera, a cambio de solicitar su retiro de las Fuerzas Armadas. Bajo estas condiciones retornaron al país los últimos exiliados que aún permanecían fuera. M.K

27N, la historia de un baño de sangre

Por Sandy Ulacio el 23 de Noviembre, 2007 en Edición 80, Política
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141 civiles y 29 militares cayeron en una última intentona de 1992

Militares y civiles estuvieron involucrados en la segunda asonada que le dieron a Carlos Andrés Pérez en 1992. El plan de los insurrectos era establecer una junta de gobierno cívico-militar, compuesta por seis civiles y un militar de cada fuerza antes de llamar a elecciones. Se estima que fueron 800 millones de bolívares en pérdidas económicas.

El 27 de noviembre de 1992, el gobierno de Carlos Andrés Pérez sería amenazado, por segunda vez en ese año, por una intentona golpista. Los insurgentes adujeron como razones para promover el golpe, el fracaso de las salidas institucionales, a la crisis política desatada a partir del intento de golpe de Estado del 4 de febrero, a la falta de voluntad del gobierno para rectificar sus políticas y a las frustraciones ante la ausencia de disposición del alto mando militar para admitir y ejecutar reformas en la Fuerzas Armadas.

Las acciones comenzaron en horas de la madrugada y se prolongaron hasta las 5:00 de la tarde cuando, tras la rendición de los insurrectos, se produjo la suspensión de las garantías constitucionales para terminar con las acciones de calle y retomar el control social en la capital.

Los golpistas también hicieron suyas las razones expuestas por los golpistas de febrero, como el uso de las Fuerzas Armadas en la represión de los sucesos del 27 de febrero de 1989: la incapacidad del gobierno de Pérez; la corrupción de los altos mandos militares, su distanciamiento del resto de la oficialidad y de las tropas; la escasa atención a los problemas de capacitación, equipamiento y financiamiento de las FF AA. Los golpistas tenían planteado arrestar al presidente Pérez para sustituir al gobierno vigente e implantar una “auténtica democracia”.

El plan
El plan trazado por los alzados en armas era que una vez logrado el objetivo militar, el nuevo gobierno recaería en una Junta Cívico-Militar, integrada por seis civiles y cuatro militares, uno por cada arma. Los cargos de Presidente y uno nuevo de Primer Ministro de la Junta corresponderían, por votación entre sus miembros, a dos civiles. Los golpistas elaboraron una agenda de transformación nacional que abarcaba una multiplicidad de áreas, y tenían previsto convocar a elecciones “una vez logrados total o parcialmente los propósitos” de la misma.

Pérdidas
Iván Darío Jiménez, ministro de la Defensa, informó que los enfrentamientos dejaron 17 aviones averiados, cuatro aviones Broncos derribados y los daños a instalaciones militares ascendían 800 millones de bolívares aproximadamente. Cifras extraoficiales calcularon en 300 el número de muertos; en tanto que las cifras oficiales de fallecidos fueron de 142 civiles y 29 efectivos militares (171 personas en total). Se contaron 95 heridos castrences. Se detuvieron 500 personas entre oficiales y suboficiales y cerca de 800 individuos de tropa, además de 40 civiles.

Involucrados
Además de los efectivos militares involucrados y de civiles de Bandera Roja y Tercer Camino, en las acciones también participaron 35 desertores del grupo Zeta, la organización de comando táctico más especializada de la Policía Metropolitana. Aunque en la jefatura del movimiento había representantes de las cuatro ramas, la Fuerza Aérea tuvo una participación decisiva en este intento. En segundo lugar de importancia se colocó el Ejército, pues de la Armada sólo se incorporaron los altos oficiales que dirigieron las acciones y 50 efectivos de la Unidad de Operaciones Especiales (UOPE). La Guardia Nacional no se hizo presente. Las operaciones militares en el Distrito Federal y el estado Miranda comenzaron desde las 4:30 de la madrugada del día 27. La rendición se concretó entre las 3:30 y 4:00 pm, en una comunicación enviada por los jefes golpistas al Ministerio de la Defensa. Los contralmirantes Grüber y Cabrera fueron conducidos a la sede del Ministerio de la Defensa, luego trasladados a la sede de la Dirección de Inteligencia Militar y finalmente recluidos en el cuartel San Carlos, en donde permanecieron hasta su liberación.

Sancionados
El mismo día del alzamiento, el Presidente, reunido en Consejo de Ministros, decretó la suspensión de las garantías constitucionales. Al día siguiente el Gobierno emitió el decreto Nº 2.669, según el cual se ordenó aplicar un procedimiento extraordinario para enjuiciar a los golpistas civiles y militares, previsto en el título 8° del libro 1° del Código de Justicia Militar, para lo cual se instaló un Consejo de Guerra Extraordinario. En marzo de 1993 la Corte Suprema de Justicia decidió la nulidad del decreto mediante el cual se instaló el Consejo de Guerra Extraordinario, y por lo tanto quedaron invalidados los juicios efectuados por el mismo, así como las condenas decididas. Al igual que lo sucedido con los involucrados en el intento del 4 de febrero, las causas de unos fueron sobreseídas y los oficiales de mayor rango fueron indultados por el presidente Rafael Caldera, a cambio de solicitar su retiro de las Fuerzas Armadas. Bajo estas condiciones retornaron al país los últimos exiliados que aún permanecían fuera.

Acciones de guerra
Las principales acciones de las fuerzas insurgentes ocurrieron en la base aérea Libertador, comandadas por el general Francisco Visconti, y en la base Sucre, al mando del coronel de la aviación Jorge Garrido Martínez. Desde aproximadamente las 5:00 am, unidades aéreas comenzaron a despegar hacia distintos destinos del país. Cuatro aviones Bronco, tres Mirages, dos T2D y varios Tucanes T-27 bombardearon la base Francisco de Miranda en La Carlota, el Palacio de Miraflores y El Helicoide. En el estado Lara bombardearon las instalaciones militares de la base aérea Vicente Landaeta Gil de la capital, causando destrozos en la pista de aviación civil y las instalaciones de seguridad. Las fuerzas leales repelieron los ataques, y haciendo uso de baterías antiaéreas derribaron dos aviones Bronco, cayendo uno en Barquisimeto y otro en Yaritagua. Adicionalmente, dos aviones Bronco fueron derribados, uno en la base Francisco de Miranda en La Carlota y otro en la base aérea Libertador de Palo Negro (Maracay). Los enfrentamientos en las bases Libertador y Sucre ocurrieron cuando unidades blindadas de las fuerzas leales intentaron retomar las bases, y los aviones rebeldes fueron derribados o averiados por baterías antiaéreas y disparos de aviones F-16. Las persecuciones aéreas de los F-16 leales y los ataques de unidades blindadas provenientes de Valencia y San Juan de los Morros, obligaron a los rebeldes a deponer sus armas. Finalmente, a las 3 p.m. un grupo de 93 insurrectos (41 oficiales, 37 soldados y 15 cadetes) al mando del general Visconti, salió de la base Libertador en un avión Hércules C-130 y huyó a Perú, aterrizando en la ciudad de Iquitos. Las relaciones diplomáticas entre Perú y Venezuela estaban interrumpidas a raíz del golpe de Estado que diera el 5 de abril de ese mismo año Alberto Fujimori. Los golpistas solicitaron asilo territorial al gobierno peruano, argumentando que sus vidas corrían peligro. El ministro de Relaciones Exteriores, general Fernando Ochoa Antich, demandó ante las autoridades diplomáticas peruanas la devolución del avión Hércules C-130, de las armas y el retorno de los insurrectos. El gobierno peruano resolvió conceder el asilo solicitado; no obstante, una porción de los exiliados resolvió regresar y el avión Hércules C-130 y las armas le fueron devueltos a Venezuela.4 de febrero

Así fue el otro golpe
El 4 de febrero de 1992, un grupo de militares liderado por el teniente coronel (Ej) Hugo Rafael Chávez Frías y pertenecientes, en su mayoría, a la promoción Simón Bolívar, egresada en 1975, comandaron un intento de golpe de Estado que se rindió tras 12 horas de enfrentamientos.

Según cifras aportadas por el Ministerio de Relaciones Interiores del gobierno de la época, hubo más de 50 muertos (17 de ellos soldados), más de 50 heridos, 1.089 militares detenidos y cuantiosas pérdidas materiales.

En el golpe estuvieron involucradas las guarniciones militares de los estados Aragua, Carabobo, Miranda, Zulia y el desaparecido Distrito Federal, en una acción llamada “Operación Zamora”.

Fuentes: TSJ, Vive TV, Fundación Polar.

Quince años después del golpe de Estado de 1992 las críticas en contra el Ejecutivo nacional son las mismas

Gobierno en manos golpistas

El 13 de enero de 1993, el Consejo Supremo de Guerra de Caracas dictó sentencia en contra de los involucrados en el golpe del 27 de noviembre de 1992. La ponencia estuvo a cargo de Alejandro Angulo Fontiveros.

Los involucrados pudieron retornar a la vida en libertad y en calidad de civiles tras recibir el indulto presidencial por parte de Rafael Caldera. Versión Final les presenta a quienes, luego de este beneficio, incursionaron en la arena política nacional, así como otros que pasaron al olvido.

Los responsables militares emblemáticos de esta asonada fueron:

hernangruber Contralmirante Hernán Grüber Odremán
Ex gobernador del Distrito Federal. Fungió como jefe de la operación y dirigió el alzamiento desde el Museo Histórico Militar de La Planicie. Fue sentenciado a la pena de veintisiete (27) años y seis (6) meses de presidio por el delito de rebelión militar, previsto en el artículo 476, ordinal 1º del Código de Justicia Militar. Su condena terminaría en 7 años.

luiscabreraaguirre Contraalmirante (ARV) Luis Enrique Cabrera Aguirre
Miembro del Estado Mayor Presidencial. Fue uno de los cabecillas de la asonada golpista y uno de los pocos oficiales de la Armada. Al fallar la insurrección fue puesto preso en el Cuartel San Carlos junto con sus compañeros de armas hasta su liberación. Condenado a veintisiete (27) años y seis (6) meses de presidio por rebelión militar. En el 2014 cumpliría su sentencia.

wilmercastro Tcnel. (Av) Wilmer Alfredo Castro Soteldo
Ex constituyente, ex ministro de Producción y Comercio y de Turismo. Su pena fue de veintisiete (27) años y seis (6) meses de presidio por rebelión militar. No habría ocupado ninguno de estos cargos hasta el 2014 que cumpliera con la pena impuesta, es decir, dentro de siete años.

williamfarinas Teniente Coronel (Av) William Ramón Fariñas
Fue presidente del Fondo de Crédito Industrial (Foncrei). Su condena fue de veintisiete (27) años y seis (6) meses de presidio, y a las accesorias de ley, como reo del delito de rebelión militar. Este plazo establecia que su libertad seria retomada en el año 2014. Actualmente coordina el Psuv-Nueva Esparta.

luisreyesreyes Teniente Coronel (Av) Luis Ramón Reyes Reyes
Gobernador del estado Lara. Uno de los hombres de confianza del presiden Chávez.Por su participación en los hechos del 27 de noviembre de 1992 se le impuso una pena de veintidós (22) años de presidio. Su salida de prisión estaría prevista para el 2014, pero fue indultado por Rafael Caldera.

jessechacon Teniente (Ej) Jesse Alonso Chacón Escamillo
Ministro de Telecomunicaciones. Encargado de tomar las instalaciones del canal 8 (VTV). Recibió veintidós (22) años de presidio, y a las accesorias de ley, como reo del delito de rebelión militar en grado adherente. En la actualidad le faltarían 7 años para cumplir con su sentencia. Muchos lo responsabilizaron de muertes innecesarias en VTV.

eliecerotaiza Teniente (Ej) Eliecer Reinaldo Otaiza Castillo
Director del Sistema Nacional de Contrataciones. Su participación le llevó a una sentencia de 22 años de presidio. Fue absuelto en el gobierno de Caldera de su delito de rebelión militar en grado adherente. Para 2014 estaba prevista su salida de prisión.

Gral. de Brigada (Av) Francisco Visconti Osorio
Por muchos es considerada la figura principal de la insurrección. Comandó las principales acciones de las fuerzas insurgentes en la base aérea Libertador. Al ver que la intentona estaba siendo repelida con éxito por militares institucionales decidió huir del país sin afrontar la situación. A las 3:00 de la tarde un grupo de 93 insurrectos (41 oficiales, 37 soldados y 15 cadetes) al mando del general Visconti, salió de la base Libertador en un avión Hércules C-130 y huyó a Perú, aterrizando en la ciudad de Iquitos. Solicitaron asilo político y les fue concedido.

Coronel (Av) Jorge Garrido Martínez
Comandó las acciones en la base Sucre, bombardearon la base Francisco de Miranda en La Carlota, el Palacio de Miraflores y El Helicoide. Fue sentenciado a veintisiete (27) años y seis (6) meses de presidio por rebelión militar. Le restarían siete años de condena. Fue beneficiado en el indulto otorgado por parte del ex presidente Rafael Caldera a los golpistas. Tras su participación en la intentona se vinculó en la carrera política junto con Francisco Arias Cárdenas, pero su paso por este ámbito fue fugaz.

Teniente Coronel (Ej) Raúl Enrique Salmerón
Ex alcalde del municipio Guaicaipuro, en el estado Miranda hasta el año 2005. Pese a su conocida amistad con el hoy presidente Hugo Rafael Chávez Frías, con quien llegó a jugar beisbol en la Fuerza Armada, falló en sus aspiraciones de ser reelecto en el cargo. Salmerón fue sentenciado a veintidós (22) años de presidio, y a las accesorias de ley, como reo del delito de rebelión militar en grado adherente. En el año 2014 cumpliría su condena. Sin embargo, las cosas no ocurrieron así gracias al indulto presidencial de Rafael Caldera.

Mayor (GN) Carlos Jesús Salima Colina
El hoy gerente del Servicio Nacional de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) Región Centroccidental fue uno de los alzados en armas del 27 de noviembre y fue sentenciado a veintisiete (27) años y seis (6) meses de presidio por el delito de rebelión militar. En el 2014 retomaría su participación en la vida civil. En varios homenajes a los insurrectos el 27N, recibió de parte del presidente Hugo Chávez, elogios por su determinación en aquel día sangriento.

Condenados a 27 años:
Capitán de navío (Arm.) Ramón Emilio Rodríguez Chacín; teniente coronel (Av.) Ricardo José Delon Romana; mayor (Ej.) Edgar Ramón López; y el capitán (Ej.) José Gregorio Valera Rumbos.

Condenados a 22 años:
Teniente de fragata (Ar.) Arne Stevenson Chacón Escamillo; mayor (Av.) Marisela Arévalo Rauseo; coronel (Ej.) Jacinto Arturo Colmenares Morales; teniente coronel (Ej.) Luis Guillermo Pineda Castellanos; teniente coronel (Ej.) (r) Miguel Armando Madriz Bustamante, capitán de fragata (Ar.) Carlos José Reyes Rodríguez; teniente coronel (Av.) José Antonio Arévalo Colmenares; teniente coronel (Av.) Jesús Juan Guiar; teniente coronel (Av.) José Alí Jiménez; teniente coronel (Av.) Dalmiro Pastor Meléndez; teniente coronel (Av.) Antonio Rojas Pixner; teniente coronel (Av.) Pedro José Torres Finol; teniente coronel (Av.) José del Valle Villarroel Suegart; Mayor (Av.) Roberto Andelmetti Bergo; mayor (Av.) Ricardo Arangua Lumbierres; mayor (Av.) Pedro Miguel Arroyo Mejías; mayor (Av.) Norbis José Añez Valbuena; mayor (Av.) José Berroterán Acosta; mayor (Av.) Carlos García Contreras; mayor (Av.) Jesús Ibarra Delgado; mayor (Av.) Carlos Alberto López Borjas; mayor (Av.) José Rafael Osuna Olivieri; mayor (Av.) Hiran Enrique Pérez Santaella; capitán (Ej.) Rubén Oswaldo Garaicoa López; capitán (Av.) Alexis José Colina Sánchez; capitán (Av.) José Almerida González; capitán (Av.), Oswaldo Espinoza Wasner; capitán (Av.), José Gregorio Martín Rincones; capitán (Av.), Alfonso Javier Ortiz; capitán (Av.) Leonardo Frank Ovalles De Pablo; capitán (Av.) Luis Alberto Plaza Paz; teniente (Ej.) Daniel Alejandro Falotico Ortiz; teniente (Ej.) Efrain Javier López Rodríguez; teniente (Ej.) Carlos Raúl Tang Villanueva; teniente (Ej.) José Alberto Mecías Sánchez; teniente (Ej.) Alejandro Ramón Maya Silva; teniente (Av.) Rafael Arturo Brito; Teniente (Av.) Wiliam (Sic.) Eduardo Cestaris Navarro; teniente (Av.) José Rafael Cordero Urguelles; teniente (Av.) Edgar Valentín Cruz Arteaga; y el teniente (Av.) Arturo José Tariba Guillén.

Condenados a 14 años:
Miguel José Vivenes Escobar, Raúl Antonio Varela Marín, Ronny Hernis Vegas Chirinos, Eduardo José Garrido, Ranihery José Yajaro Yánez, Luis Roberto Rodríguez y Angelo Mario Aufiero Morales.

Condenados a 7 años:
Capitán De Corbeta (Arm), Diego Hernández Guzmán Molinos y el Teniente (Ej) Wilfredo José Morales Márquez.

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Monseñor Mario Moronta narra vivencias inéditas del segundo intento de golpe de Estado de 1992
“Las muertes del 27-N son injustificables”

“Yo nunca estuve de acuerdo con todo lo que rompiera el orden constitucional”, dijo el Obispo del Táchira. Reveló cómo masacraron a los presos de Yare. “Les abrieron las puertas y cuando se iban les disparaban”. “4 de febrero y 27 de noviembre fueron unas campanadas que mucha gente no escuchó”, dijo.

Gilberto González / Foto: Edwin Barroso

El obispo del Táchira, monseñor Mario Moronta, retrocedió en el tiempo para narrar y ofrecer su visión sobre los sucesos del 27 de noviembre de 1992. Moronta fijó posición sobre los intentos de golpes de Estado. “Ninguna muerte se justifica”, manifestó a Versión Final.

?Puede describir el episodio en el cual usted, supuestamente, se metió en una ambulancia para visitar a Hugo Chávez en San Carlos?

?Hay muchas que se dicen que no son ciertas. El 27 de noviembre de 1992 yo estaba terminando los ejercicios espirituales en la casa Cristo Rey de El Hatillo, donde estaba con el Cardenal con un grupo de sacerdotes. Hugo Chávez, en ese momento, no estaba en el Cuartel San Carlos, estaba en Yare, y yo no estuve con él. Hay que precisar muy bien todo, porque a veces existen varias versiones y se generaliza. Ya Chávez, desde abril, estaba en la cárcel de Yare junto con otros comandantes.

?¿Qué evaluación hizo sobre las muertes de civiles aquel día?

?Ese día 27 de noviembre hubo muchos muertos, unos conocidos y otros desconocidos. Hay un hecho triste, en el retén de Catia hubo un grupo, numeroso, de presos a quienes les abrieron las puertas para que se fueran y ellos estaban escapando por un sector, y a medida que iban saliendo los iban masacrando. Hubo muchos muertos, yo denuncié el hecho y pedí que se aclarara la situación, pero la respuesta que recibí del Gobierno fue muy dura.

?¿Se justificaba esta acción?

?No se justificaba y ninguna muerte se justifica. Yo estoy en contra de la pena de muerte, por las razones que se resumen en que creo en el Dios de la vida, creo que hay otro tipo de sanciones, nunca se puede apelar a la muerte para castigar a una persona, y menos si ha no habido ni siquiera un juicio, porque nadie tiene la autoridad en la tierra para quitarle la vida a una persona. Yo nunca estuve de acuerdo con todo lo que rompiera el orden constitucional, que me tocó ser mediador por una petición del Presidente al cardenal José Alí Lebrún, pero no fui yo solo, estaban otros sacerdotes, representantes de la Fiscalía y también del Ministerio de la Defensa, y entre todos hicimos la mediación el 4 de febrero, y para el 27 de noviembre habían cambiado un poco los escenarios y días después fuimos a hablar con el Presidente para reafirmar el compromiso que teníamos con la conservación del orden constitucional, lo que no significaba que no pudiéramos denunciar irregularidades.

?¿Qué opina sobre la supuesta participación de Jesse Chacón como coautor de la toma del canal 8 y que ahora dirija Conatel?

?Yo a Jesse Chacón lo conozco porque lo he visto alguna vez, no personalmente, respeto su posición y habría que aclarar si verdaderamente lo que sucedió en el canal 8 es responsabilidad de los militares y civiles o de otra gente, porque hay versiones encontradas de fiscales del Ministerio Público que estaban cubriendo ese momento. Preferiría que las investigaciones serias y documentales determinen quiénes son los responsables de esos hechos.

?¿Piensa que a Hugo Chávez se le garantizaron sus derechos a raíz del golpe?

?No sólo a Chávez, a todos, a mucha gente, a pesar de muchas incomprensiones que hubo, a mí me tocó, en un momento dado, atender a las esposas de los golpistas y logramos hacer muchas cosas, pero a veces el camino era cuesta arriba, porque eran las que estaban sufriendo y muchas veces no recibían la atención de los abogados, jueces, de los personeros militares, entonces había que acompañarlas, sobretodo desde el punto de vista humanitario. Recuerdo que uno de los que estaba detenido, su hijo estaba muy enfermo, y me tocó intervenir para que se superara cualquier tipo de odio, porque el niño no tenía ninguna culpa de lo que pasó.

?Muchos recuerdos, pero ¿qué imagen le quedó grabada?

?Hay varias cosas que yo he pensado. Cuando uno era niño no soñaba con un país, sino que estaba seguro con un país bueno, próspero, de abundancia, cuando yo me ordené sacerdote, hace casi 34 años, decía: voy a ser sacerdote en un pueblo que tiene mucha seguridad, nuestra economía, nuestra moneda era fuerte, entonces me había preparado para hacer un acompañamiento del pueblo en una situación mucho más fácil de la que estamos viviendo ahora. Entonces de la noche a la mañana, siendo estudiante en Roma, vino el “Viernes negro”, otra serie de cosas, las devaluaciones, el 27 de noviembre, el 4 de febrero, 27 de febrero, entonces surgió en mí una inquietud que todavía permanece y es que uno como sacerdote debe ser un pastor que no se debe instalar, sino que siempre debe estar pendiente de los acontecimientos.

?¿El 4 de febrero y 27 de noviembre están unidos?

?Mucho, aún con características diversas, fueron unas campanadas que mucha gente no escuchó, más que campanadas fueron ecos, los dos, de situaciones como las del 27 de febrero y mucha gente nos las escuchó, porque pasados los acontecimientos y restablecido cierto orden se volvieron a caer en los mismos vicios que abrieron otras posibilidades que todos nosotros conocemos. Personalmente la angustia de mis padres y mis hermanos, porque en ese momento yo era secretario de la Conferencia Episcopal y tenía que dar la cara por la Iglesia. Yo era el encargado de la zona este de Caracas y me la mantenía por todos los barrios, y escuchaba muchas cosas, desilusiones y desesperanzas, ilusiones y esperanzas, a la vez, y la gran interrogante de la gente y todo eso fue golpeándome en el sentido que uno tiene que leer en cada acontecimiento lo que uno pueda descubrir para bien de los demás.

?¿Fue lo mejor, lo que pasó?

?En una carta de los obispos, del 13 de enero de 1992, allí indicábamos que si no se tomaban las previsiones del caso, podrían venir las tentaciones a las soluciones de fuerza. Yo creo que la respuesta es una pregunta: ¿Y si se hubiese evitado el 4 de febrero y el 27 de noviembre no hubiera sido mejor? Porque ahora es muy fácil decir fue lo peor o fue lo mejor, pero es que todo eso tuvo una causa, generalmente nosotros los venezolanos cuando analizamos las situaciones vemos poco las causas, más importante es preguntarnos: ¿Se pudo haber evitado? Y yo creo que sí.

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