Martha Colmenares

La Ley de Emergencia para Terrenos y Viviendas ya fue publicada en Gaceta Oficial, el pasado 29 de enero 2011, una de las leyes habilitantes de Hugo Chávez. Su contenido contempla medidas extraordinarias con motivo de la crisis de vivienda generada -según-, por el “modelo capitalista explotador y excluyente”. Llamada la AREHA, Chávez podrá declarar cuando lo considere “areas de emergencia habitacional”. Ahora bien, juristas expertos en materia de propiedad sostienen que esta ley “agiliza las expropiaciones y viola el derecho constitucional a la disposición de bienes”. Lo recoge una reseña de El Nacional, Ley de Emergencia: vía express a las expropiaciones. Por su parte, el ingeniero David Morán Bohórquez señala que La “estafa inmobiliaria” es un sicariato por encargo. A continuación

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Ley de Emergencia: vía express a las expropiaciones

El instrumento legal para regular terrenos y viviendas establece la “ocupación de urgencia” de un terreno o inmueble no residencial sin un avalúo previo

Para el Presidente Hugo Chávez “la grave crisis de vivienda” es consecuencia “del modelo capitalista explotador y excluyente que se impuso a Venezuela en los últimos 100 años”, agravado por “las inclemencias del cambio climático”.

Así lo dejó por sentado cuando firmó la Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Vivienda, vigente desde el 28 de enero de este año.

El instrumento promulgado para “hacerle frente con éxito y rapidez” al déficit de viviendas, calculado en 2 millones de unidades, agiliza las expropiaciones y viola el derecho constitucional a la disposición de bienes, advierten juristas expertos en materia de propiedad.

En su artículo 27, el Decreto Ley 8.005, promulgado en el marco de la Habilitante, establece la “ocupación de urgencia” de terrenos e inmuebles no residenciales “ociosos, subutilizados o de uso inadecuado” que el Ejecutivo ordene.

“La nueva ley le permite al Gobierno acelerar la expropiación de bienes para ahorrarse el avalúo, uno de los procedimientos más importantes establecidos en la Ley de Expropiaciones por Causa de Utilidad Pública e Interés Social”, explica el abogado Raimundo Orta Poleo, directivo de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos.

Advierte que los dueños de los terrenos o inmuebles que sean ocupados quedarán “peligrosamente vulnerables frente al aparato estatal” porque no contarán con un avalúo previo de su propiedad.

“Si el bien está ocupado, su dueño tendrá que aceptar el monto que le den por él en una condición de `tómalo o déjalo’, sacrificando la capacidad de negociar el precio justo por su propiedad”, señala Orta Poleo.

Tomás Arias Castillo, especialista en Derecho Público y profesor de la Universidad Central de Venezuela, coincide con su colega. “El instrumento legal “deja a la arbitrariedad del funcionario público la calificación de un bien `subutilizado’ o `de uso inadecuado”, alerta.

El instrumento, cuyo objeto es beneficiar a familias en riesgo vital que no posean casa propia y a parejas jóvenes que están fundando una familia, no sólo se refiere a la propiedad de quienes tienen terrenos o inmuebles no residenciales.

Si bien el vicepresidente Elías Jaua aseguró que la Ley respeta la propiedad y que ésta le será reconocida al adjudicatario una vez que termine de pagar la hipoteca o crédito, en el artículo 7, prohíbe a los adjudicatarios vender, donar, alquilar, ceder o hipotecar el inmueble que se le haya otorgado bien sea con subsidio parcial o total.

Esta limitación por tiempo indefinido a la libertad de disponer del bien va contra el artículo 115 de la Constitución, afirma el abogado Arias Castillo. “La carta magna establece claramente los cuatro atributos de la propiedad: uso, goce, disfrute y disposición, pero este último queda prohibido en la nueva ley de emergencia por tiempo indefinido. Eso la convierte en una ley inconstitucional”, afirma el jurista y profesor de la UCAB.

Cerrando el cerco
Decretar bandas de precios del metro cuadrado, regular precios de materiales para la construcción, y la atribución a Chávez de declarar de utilidad pública “los bienes esenciales” que considere “necesarios para la ejecución de proyectos residenciales”, son medidas que establece el texto legal en los artículos 3 y 5.

Para acelerar la construcción de viviendas son necesarias las inversiones de mediano y largo plazo y la confianza de las constructoras. “Lo que debe garantizar el Estado es la disposición de materiales, servicios públicos, estabilidad jurídica para invertir y el cese de la persecución contra constructores privados”, señala el presidente de la Cámara Inmobiliaria, Aquiles Martini.

Hasta ahora hay 22 personas presas, 13 detenidas y 81 medidas de prohibición de salida del país por la presunta comisión de estafas inmobiliarias, informó la semana pasada la fiscal general, Luisa Ortega Díaz.

“La promesa hecha por el Presidente Chávez de tener 250.000 viviendas nuevas en 2012 será posible sólo si el Gobierno construye tan rápido como legisla y para ello tiene que contar con el sector privado”, indica Orta Poleo.

Más que un papel
La Cámara Inmobiliaria señala que en los últimos 12 años el promedio de construcción de viviendas es de 40.000 unidades al año, de las cuales el sector público aporta unas 12.000.

Arias Castillo complementa señalando que: “De poco sirve tener leyes que ofrezcan miles oportunidades para acceder a una vivienda o expropiar un millón de terrenos, si no hay lapsos de construcción eficiente”.

La Ley de Emergencia le ordena a los bancos crear una cartera obligatoria de crédito hipotecario adicional que atienda exclusivamente los proyectos de vivienda establecidos en el texto legal.

“El presidente Chávez le exigió a los bancos 15 millardos de bolívares para acelerar la construcción de viviendas. Aun cuando la banca debe destinar 10% de su cartera al sector hipotecario, aporta 15,3% lo que demuestra que está dispuesta a participar”, dijo el economista César Aristimuño, presidente de Aristimuño Herrera y Asociados.

Añade que el Estado solo no puede construir 150.000 viviendas en un año y por eso debe incentivar la participación de los constructores y la banca privados con reglas claras.

“El Gobierno debe crear las condiciones económicas para que quienes demanden financiamiento garanticen que lo pagarán. La banca no puede prestar dinero corriendo el riesgo de que no se lo paguen, porque de hacerlo pondría en peligro el dinero de los ahorristas”, advierte.

Martini, desde la Cámara Inmobiliaria, exhorta al Gobierno a reunirse con el sector privado para establecer metas de construcción de viviendas.

Recuerda que para construir 100.000 unidades se requieren 175.000 toneladas de acero y 4 millones de metros cúbicos de concreto.

“El Estado es el dueño del acero y el cemento en el país.

La producción de ambos cayó el año pasado 40% y 10%, respectivamente. Por muchas leyes que haya, si esa tendencia no cambia, tendremos que esperar un milagro”, afirma.

80% defiende la propiedad privada
El director de Datanálisis, Luis Vicente León, asegura que en Venezuela a los pequeños y medianos propietarios les preocupan tanto o más que a los grandes las amenazas del Gobierno contra la propiedad privada.

Precisó que más de 80% de los venezolanos siente que es un aspecto importante para el desarrollo del país y positivo para sus vidas por sus aspiraciones de tener bienes.

“La mayor demostración de que la gente exige respeto a la propiedad privada ocurrió cuando se rechazó por voluntad popular la propuesta de reforma constitucional en diciembre de 2007. Ese fue uno de los factores clave que movió al electorado en esa oportunidad”, dice.

“La idea de que se adquiera forzosamente un terreno baldío para dárselo al pueblo tiene más adeptos porque un feudo o empresa inutilizados pierde respaldo popular”, agrega el economista. No obstante, las medidas que afectan industrias o terrenos operativos y utilizados son negativamente evaluadas por los ciudadanos.
09 Feb 2011 | 10:18 am – Por Eduardo Méndez Sánchez / emendez@el-nacional.com
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David Morán Bohórquez: La “estafa inmobiliaria” es un sicariato por encargo
febrero 10, 2011 8:24 am

Sicario es aquel que asesina o tortura por encargo para obtener dinero o prebendas. Puede ser contratado por un particular para un encargo específico, o ser parte de una organización mayor que se dedique a ello. El sicario se dedica a su oficio de manera continuada, no de forma esporádica o accidental. El sicariato no es solo un fenómeno de unos sujetos aislados que usan la violencia para cometer homicidios por encargo, es algo mucho más espeso que ello. Se desarrolla en el complejo entramado de las sociedades decadentes, y adquiere significación según la valoración económica, cultural y hasta política hagan de ello las instituciones y los ciudadanos en general.

Podemos escribir no sólo de asesinatos físicos, sino también de la muerte reputacional, por encargo, de las personas. Hablaríamos entonces del sicariato moral, del disparo difamatorio e injurioso, continuado, por medios públicos, utilizando propaganda e instituciones al servicio del poder, para la creación de sentimientos sociales antagónicos y adversos hacia el objeto del sicariato.

Desde noviembre de 2010, el gobierno nacional ha desarrollado una amplia e intensa campaña de “sicariato inmobiliario”. Apedillando el término estafa, cuyo núcleo es el engaño, con el de toda una industria, la inmobiliaria, ha creado una matriz pública sobre los promotores inmobiliarios y sus valores empresariales, presentándolos como delincuentes a los ojos de la sociedad.

El Ministerio Público anuncia a toda Venezuela que ha pedido privativas de libertad, prohibición de enajenar y gravar, además de la congelación de cuentas bancarias, tanto de las empresas como personales, de promotores inmobiliarios activos. Asimismo, indicó que es posible que se soliciten algunas medidas contra varios ingenieros municipales, quienes habrían otorgado los permisos de habitabilidad “sin que la obra estuviera totalmente culminada”. También anunció “medidas de protección” para todas aquellas personas que “hayan recibido amenazas por parte de los propietarios y encargados de las empresas inmobiliarias”. La Fiscala General afirmó que solicitará a los tribunales “el aseguramiento de algunos bienes de las personas que aparecen como responsables de las estafas inmobiliarias, y que puedan ser ocupados a fin de que resarzan el daño causado a los afectados”. Hizo un llamado de “colaboración” a todos los integrantes del sistema de justicia, para que conjuntamente se dé respuesta a este grave problema que está afectando a” varios venezolanos”.

Según el Ministerio Público hasta la fecha existen 20 personas acusadas, 112 órdenes de aprehensión, 23 personas privadas de libertad, 205 medidas reales dictadas y 169 medidas de prohibición de salida del país. En todas sus notas de prensa, el Ministerio Público habla de estafas inmobiliarias, sin comillas, sin dejo de duda, con la seguridad y la convicción que el delito existió, sin sentencia de tribunal alguno.

Pero esos son detalles menores. El la industria de la promoción inmobiliaria privada en Venezuela está condenada a muerte. La orden es del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en su afán de imponer a todo costo el comunismo en Venezuela.

La promoción inmobiliaria privada en Venezuela tiene impacto en todos los sectores económicos de Venezuela, y a todo lo ancho del país. Genera de manera directa e indirecta más del 20% de todos los empleos formales privados en Venezuela. Emplea mano de obra muy poco calificada como la muy calificada.

Durante años, Hugo Chávez y su gobierno emprendieron una campaña para desplazar a los constructores privados venezolanos como contratistas del gobierno. Mediante sucesivas declaratorias de “emergencia” se otorgaron mil millonarios contratos “a dedo” a empresas privadas extranjeras promovidas por gobiernos “amigos” como el caso de empresas brasileñas, chinas, y más recientemente bielorrusas e iraníes. A cualquiera de afuera, con tal que algún constructor o promotor privado nacional no obtuviese los beneficios de esa actividad.

Como dato curioso, a esas empresas privadas extranjeras que actúan como contratistas en desarrollos inmobiliarios del gobierno, si les pagan los ajustes en los costos causados por la inflación, que es precisamente el “arma” que utilizan para acabar con los promotores inmobiliarios nacionales.

El cobro de ajustes en los precios por inflación, regulado por el mismo gobierno, era legal y transparente, hasta que hace año y medio prohibió su aplicación. No conozco de ningún empresario serio de la promoción inmobiliaria que lo siguiera cobrando. Pero como era de esperarse, los precios de los inmuebles subieron, porque ahora es el promotor inmobiliario el que debe calcular que inflación tendrá en los dos años que en promedio dura un desarrollo inmobiliario para finalizarse.

¿Pudo haber que algunos siguieron cobrando “ajustes de precios” no permitidos? Seguramente sí. Como hay quienes adulteran las balanzas, o surtidores o la calidad de un producto u ofrecen renunciar si en un año “queda un solo niño de la calle”. Pero nada, absolutamente nada que no se hubiese podido enfrentar por los canales legales regulares. La justicia, en todo caso, con su ausencia, colaboró y propició el pillaje, sí es que lo hubo.

El “sicariato inmobiliario” tiene dos objetivos, el económico, que es el de depredar los activos de los venezolanos, representados mayoritariamente por sus inversiones en inmuebles, y el político, el de asegurarse la desaparición de un vasto sector de la población con capacidad de vivir independientemente del gobierno nacional. Todo ello con miras a “controlar y dominar” sus fuentes de financiamiento y subsistencia, que en el caso de la construcción representa, sólo en obreros, un mundo superior a las 700 mil personas. La pobreza y la dependencia de lo público son los elementos básicos de dominación del comunismo.

Hugo Chávez sabe que le quedan dos años de mandato, pero sus asesores cubanos, le indican que si muchos de sus opositores (capitalistas demócratas) salen del país, sus oportunidades de repetir para un cuarto mandato aumentarían. (Tiene uno de dos y dos de seis años). Y para los cubanos comunistas, perder el control de la renta petrolera venezolana, significaría perder la dictadura en Cuba. Por eso esta apresurada e intensa arremetida final.

El 26 de enero de 2011 Hugo Chávez contactó por vía telefónica a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, a fin de solicitarle ayuda para “establecer responsabilidades, abrir juicios y llevar a prisión a los ‘estafadores’, que están al frente de compañías inmobiliarias que timen al pueblo”. “¿Donde están los presos, por qué esta gente sigue por ahí estafando libremente? (…) tenemos que ser justos y actuar con mucha contundencia” afirmó el Mandatario. “Ahí está el terreno, ahí están los estafadores, ahí están sus maquinas. Bueno vamos por ellos, los estafadores doctora (refiriéndose a la Fiscal) a prisión y les intervenimos el terreno, las máquinas y empezamos a solucionar el problema de vivienda porque hay que solucionar el problema” agregó.

Previamente en sus ‘Líneas de Chávez’, del 7 de noviembre de 2010, Hugo Chávez escribía “El domingo pasado, en el Aló Presidente, anunciamos al país la expropiación de seis conjuntos residenciales y la ocupación temporal de ocho: miles de familias, sobre todo de la clase media, han sido beneficiadas con esta medida que es, en realidad y en verdad, un acto de justicia.

Hemos decidido acabar (y nuestra decisión es inexorable) con esa modalidad de la delincuencia organizada que es la estafa inmobiliaria: no va a haber ninguna clase de contemplaciones con los carteles inmobiliarios, verdaderas mafias operando a plena luz del día, que han esquilmado los ahorros de miles de venezolanos y venezolanas de clase media.

Y que no se diga que estamos arremetiendo contra la iniciativa individual y la propiedad privada: lo que estamos haciendo es ponerle coto a una dinámica de extorsión y estafa. Me pregunto: ¿el cobro ilegal del Índice de Precios al Consumidor a parejas jóvenes y a profesionales es expresión de la iniciativa individual?; ¿el derecho a la propiedad privada, que tanto preocupa a las cloacas mediáticas, se ejerce paralizando la construcción de edificios y robando sistemáticamente a quienes ya habían creído materializar el sueño y la esperanza de una vivienda propia?”

Ya el causante de la mayor inflación en todo el continente escurría su responsabilidad. Acusaba que su impresión de millones de billetes sin respaldo, para el financiamiento inorgánico de su gobierno, era responsabilidad de los promotores inmobiliarios quienes estarían “robando sistemáticamente a quienes ya habían creído materializar el sueño y la esperanza de una vivienda propia”

Curioso que el sicariato inmobiliario sea sólo contra los desarrollos del sector privado. Ninguno contra la centena de desarrollos inmobiliarios propiedad del gobierno venezolano que pasan de años de atraso, y muchos siquiera pasaron del movimiento de tierras.

Porque el objetivo no es dotar de una oferta de vivienda vigorosa y suficiente a la sociedad venezolana. Al comunismo chavista no le interesa para nada eso. Lleva años permitiendo las invasiones para que el pueblo salde “la deuda social histórica” que la oligarquía tiene con ellos. Permitiendo la construcción de ranchos incluso en zonas protectoras. Hoy, sólo una de cada cuatro viviendas en Venezuela tiene las condiciones óptimas de habitabilidad. Algo más de un millón de viviendas en un país con 4,5 millones de ellas.

La ruina de la industria del desarrollo inmobiliario significa la ruina de los ahorros del venezolano. Con la ley habilitante en sus manos el mandado está hecho. Los sicarios están de plácemes y millones de venezolanos de luto.
*David Morán Bohórquez es ingeniero industrial. Fue miembro del Consejo Consultivo de la Cámara Venezolana de la Construcción 1998-2006
Via

HABITACIONAL | Publicada en Gaceta Extraordinaria
En vigencia Ley de Emergencia para Terrenos y Vivienda

El texto señala que a través de ese marco legal se fijarán los mecanismos para atender la crisis de vivienda.
Con la ley, el Gobierno espera hacerle frente al problema de vivienda.
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EL UNIVERSAL
lunes 31 de enero de 2011 03:20 PM

Caracas.- El Presidente Hugo Chávez en la Gaceta Extraordinaria del 6.018 del 29 de enero publicó la Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Vivienda, que regulará el uso de los terrenos urbanos ociosos y los inmuebles.

El texto señala que por ese vía se crearán los mecanismos “para hacerle frente a la crisis de vivienda que ha afectado al pueblo como consecuencia del modelo capitalista, y que se ha agudizado por los efectos del cambio climático”.

El instrumento le permite al Ejecutivo Nacional crear zonas de emergencia nacional, zonas de peligro potencial, zonas de peligro inminente así como áreas de vivienda y residencia en las cuales Estado podrá realizar un reordendamiento urbano.
Tags: ley emergencia viviendas inmobiliario

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