Martha Colmenares

Un caso que amerita el apoyo internacional, una injusticia. Se trata del coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega, quien fuera el comandante de la Escuela de Caballería del ejército en Bogotá, condenado a treinta años por el delito de “desaparición forzada”. Sobre su libro “Desaparecidos, el negocio del dolor”, el ex ministro del Interior de Colombia, Fernando Londoño Hoyos, escribe el excelente prólogo. Como expresa en una de sus partes: La que lo asombrará, lector querido, lo indignará, lo sorprenderá. La historia en la que un hombre, el Coronel Luis Alfonso Plazas Vega, ha sido escogido como mártir propiciatorio de la mayor indecencia, la mayor audacia y la mayor injusticia que se hayan visto en Colombia. Anexo el texto y también una entrada aquí en mi blog en la cual menciono que la organización comunista, el Foro de Sau Pablo estaría detrás de la condena del Coronel Plazas. Denuncia formulada por la Asociación de Víctimas Civiles de la Guerrilla Colombiana.

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Por Fernando Londoño

A GUISA DE PRÓLOGO Nadie entenderá este libro sin ubicarse en los hechos sorprendentes y trágicos que le dieron vida.

Corría el año de 1.985 y Colombia libraba una de las más duras guerras que ha tenido que afrontar en su muy guerrera Historia. Esta era contra el narcotráfico, complejo ejército disciplinado en la mejor de las disciplinas, que es la del dinero. Los narcotraficantes no le temían al enjuto Estado que los enfrentaba, poroso por todas sus caras, pero estaban aterrorizados con la única arma eficaz de que disponía, su extradición a los Estados Unidos.

Para combatir esa posibilidad desplegaron sus tropas, que empezaron por mostrar una fuerte avanzada, conformada por los mejores, o cuando menos los más costosos abogados, muchos de ellos ex magistrados de las Cortes de Justicia, para combatir el tratado que se había suscrito con los Estados Unidos para tan poco piadoso efecto. El grueso de la milicia, como siempre, estaba integrada por sus implacables mercenarios, a todo dispuestos y capaces de todo. En la poderosa retaguardia, su majestuosa capacidad económica, que llegó a ser tanta como para ofrecer, como en efecto ofrecieron, hacerse cargo de toda la deuda pública externa de la Nación, como contraprestación a los beneficios judiciales que esperaban.

La vía judicial no les era favorable. Corría a voces el secreto de que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia tenía lista la ponencia para declarar válida la extradición, que contaba con el respaldo unánime del resto de la Corporación. Las amenazas continuas y crueles contra los jueces no habían surtido efecto. Los centenares de pliegos escritos por sus bien aceitados leguleyos, tampoco. El Tratado iba a aprobarse.

Quedaba la violencia. La cuestión era descubrir su fórmula de aplicación. Y fue entonces cuando se produjo la más espantable conjura que se recuerde contra un Estado Democrático en América. Porque la mafia encontró en el camino una guerrilla de mafioso estilo, sin ninguna restricción moral y ávida de algún golpe magistral que la sacara de su postración. Era el M19, grupo de origen comunista, como que sus miembros eran en buena parte militantes antiguos de las FARC, y que no habían logrado impresionar con sus crímenes teatrales, ni con sus aspavientos seudo intelectuales.

Y se juntaron esas dos criaturas funestas, para producir el mayor cataclismo político que pueda recordarse.
Eran dos golpes de Estado, reunidos en una sola operación. Por el primero, se asesinaría parte de la Corte y se conservaría el resto como rehén para conseguir la rendición del Gobierno y la promesa formal de que no haría extradición de colombianos. Por el segundo, el Presidente tendría que abandonar su Palacio para sentarse en una mesa de negociación, abierta nada menos que en el Palacio de Justicia, para resolver los problemas del país a la luz de esa extraña doctrina, mezcla de Marx con discursos extravagantes sobre Justicia Social, sin que faltara un poco de agua bendita, la de la Teología de la Liberación, por supuesto, que el M19 se empeñaba en imponer con sus grotescos métodos.

La sola enunciación de esos propósitos descubre su naturaleza demencial. Solo a unos locos ignorantes y feroces, como a Pablo Escobar y a la cúpula del M19, se les podía ocurrir semejante barbaridad. Pero se les ocurrió. Cuando se quiere pasar a la Historia y cuando se entiende que con el dinero se consigue todo, puede abrirse paso cualquier absurdo. Y fue como se selló la alianza, para que uno pusiera armas, dinero y cuanto resultara menester, y los otros el atrevimiento para desafiar con las armas y en semejantes condiciones a la más antigua y estable democracia de América Latina.

Los colombianos no podíamos creer lo que pasaba. Era demasiado horrendo, hasta para nuestras sensibilidades embotadas en los más extremos excesos. Pero estaba pasando. Y pasó. Ante la curiosa ausencia de la Policía de custodia, nunca explicada, los asaltantes penetraron al Palacio de Justicia, previo el asesinato de sus casi inermes guardianes. Rápidamente se apoderaron de todas las instalaciones, hicieron trincheras de los sitios estratégicos, prendieron el fuego que les interesaba, asesinaron a sangre fría unos cuantos magistrados y se dispusieron a esperar la llegada del Presidente de la República.

En su lugar llegaron los soldados, que hicieron cara a los armamentos ultramodernos y a los sitios previamente definidos como los mejores por la turba asesina. Pero nada los arredró. Un puñado de héroes salvó la República y a centenares de inocentes que iban a ser masacrados. Y les dieron libertad, a costa de los mayores sacrificios, la vida de soldados y policías incluida en la inmensa cuota de dolor que debieron pagar en el altar de la Patria.

Cuando todo terminó, muchas horas después. Cuando del Palacio en cenizas solo quedaron los últimos rescoldos, los colombianos nos sentimos a salvo. Porque estuvimos a punto de perderlo todo. Y Por eso saludamos con pañuelos blancos el paso de nuestros héroes camino de sus batallones, comandados también en la victoria por quien luchó con ellos, padeció con ellos, apuró con ellos todos los dolores y aceptó con ellos todos los peligros, casualmente y por fortuna para la verdad, el autor de este libro. Fueron horas de emoción indescriptible. Lacerado el corazón por el dolor de las pérdidas, sentíamos a salvo lo que más amábamos: la libertad, la fe en los destinos de Colombia, y su honor sin mancilla.
Han pasado 26 años. Y del fondo de la caverna se ha vuelto a escuchar el rugido de los leones hambrientos. Y han vuelto por lo mismo. Por la dignidad de la República. Por su gloria. Por su libertad. Solo que ahora las armas son distintas, mucho más sofisticadas, mucho más mortíferas, mucho mejor calibradas. Los que no pudieron dar un golpe de Estado, ahora lo intentan por otros caminos. Los que querían nuestra rendición, la consiguen sin fusiles ni bombas. Les basta el artificio matrero de una justicia indigna. Les basta la infamia de los testigos falsos, y pásmese lector, hasta de los testigos inexistentes. Les basta la ingenuidad y la cobardía de una sociedad que no sabe defenderse. Les basta agazaparse detrás de una toga y un birrete para ametrallar nuestro honor y despedazar nuestros sentimientos, nuestros valores, nuestras aspiraciones.

Y este libro es esa historia. La que lo asombrará, lector querido, lo indignará, lo sorprenderá. La historia en la que un hombre, el Coronel Luis Alfonso Plazas Vega, ha sido escogido como mártir propiciatorio de la mayor indecencia, la mayor audacia y la mayor injusticia que se hayan visto en Colombia. Todo vale. Cuando están de por medio las mismas torcidas ambiciones de aquellas macabras jornadas del 6 y 7 de noviembre de 1.985, aumentadas con la expectativa del vellocino de oro, nada queda demasiado lejos. Porque le anticipo a quien repase estas líneas, que ni siquiera las lágrimas de ahora son auténticas, condición para que fueran respetables. Cuando al dolor se le pone precio, se convierte en una mueca indigna. Los muertos del Palacio de Justicia, que están donde el autor demuestra que están, quieren ser canjeados por sus herederos por un puñado de dólares concedidos por algún tribunal de justicia. Para lo que se requiere, claro está, que Plazas Vega sea condenado por un delito que nadie ha cometido.

Los supuestos desaparecidos, este libro lo prueba mil veces, no desaparecieron. Fueron cruelmente sacrificados por los compañeros de guerrilla de uno de los demandantes, un tal René Guarín. ¿Le extraña? Es mejor que entre a estas páginas dispuesto a no dejarse extrañar por nada.

El drama va a comenzar. El telón se levanta. La tragedia abre sus alas de espanto. La seguiremos con la unción con que los griegos presenciaron las que salían de las plumas de sus tres genios dramáticos, Esquilo, Sófocles y Eurípides. Que fueron más grandes, cuando como en este caso contaron historias verdaderas.
* Extracto del prologo del libro, escrito por Fernando Londoño Hoyos.
MAY 20, 2011
Fuente: Restauracion Nacional (Colombia)
via

Palacio de Justicia
Parte civil pide ratificar condena de 30 años contra coronel Plazas Vega
3 Mayo 2012

En el escrito se pide rechazar los documentos presentados por la Procuraduría, con los que busca absolver al militar.

Foto: Gabriel Aponte
‘Si a mí me dicen que murieron guerrilleros, eso es cierto’ así el coronel Plazas Vega libró su responsabilidad en la desaparición de personas en el Palacio de Justicia.

A lo largo de 130 páginas los abogados de los familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia solicitaron a la Sala Penal de la Corte Suprema que rechace la solicitud presentada en días anteriores por la Procuraduría General para que se absuelva al coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega.
De acuerdo con los juristas no deben tenerse en cuenta los argumentos esgrimidos por el Ministerio Público en los cuales se pone “un manto de duda” sobre los llamados testigos claves que presentaron su declaración en el proceso contra el excomandante de la Brigada XIII.
Señalan que se deben mantener los argumentos tenidos en cuenta en primera instancia por el juzgado tercero especializado de Bogotá y en segunda por la Sala Penal del Tribunal Superior en los que se acusa al militar de participar en la desaparición de 11 personas señaladas de colaborar con el M-19.
“La Procuraduría en este caso ha invocado pruebas que no son ciertas”, precisó Jorge Molano, quien defiende los intereses de los familiares de los desparecidos, señalando que genera muchas dudas la posición que ha adquirido el Ministerio Público en este caso.
En la solicitud se señala además que el alto tribunal debe rechazar el recurso de casación presentado hace unos días, precisando que se debe ratificar la condena de 30 años en contra del militar por el delito de desaparición forzada agravada.
Igualmente se solicita que se ratifique la sentencia del Tribunal en la que se hace expresa manifestación sobre la detrminación respecto a que las Fuerzas Militares deben pedir perdón público por los hechos registrados el 6 y 7 de noviembre de 1985.
El pasado 17 de abril, ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la Nación presentó la demanda para que se absuelva al coronel en retiro Luis Alfonso Plazas Vega en el proceso en su contra por los desaparecidos del Palacio de Justicia, y cuya sentencia a 30 años de prisión fue confirmada en segunda instancia por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá el pasado 30 de enero.
Según el recurso jurídico presentado por el Ministerio Público, existen serias irregularidades en los testimonios y pruebas recolectadas durante el proceso contra el excomandante de la Escuela de Caballería que llevaron a que se le condenara por el delito de desaparición forzada por su participación en los hechos registrados el seis y siete de noviembre de 1985.
“El recurso extraordinario pretende que la Corte revoque la sentencia del Tribunal Superior, argumentado tres cargos: el principal, por violación indirecta de la ley sustancial al demostrarse errores de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba, que de no haberse incurrido por el Tribunal en los diversos falsos juicios denunciados, habría direccionado un fallo absolutorio a favor del procesado”, precisa la Procuraduría General de la Nación.
En el caso de los testigos se señala que la Corte Suprema debe omitir las pruebas como las grabaciones e interceptaciones presentadas por la Fiscalía en el proceso puesto que fueron “erróneamente examinadas” y que llevaron a que se emitiera una decisión tergiversada sobre la participación del coronel Plazas en el proceso de rescate de los rehenes del Palacio de Justicia.
“Llevaron al juzgador a suponer un rol preponderante que él no tuvo como comandante de las operaciones, como para atribuirle indebidamente la calidad de autor mediato en aparatos organizados de poder sin acreditarse, además, la sistematicidad y automaticidad propia de la figura jurídica que le fuera deducida”, aclara el Ministerio Público.
Igualmente se indica que en las dos decisiones anteriores presentadas por el juzgado tercero especializado de Bogotá y el Tribunal Superior de Bogotá tuvieron en cuenta los testimonios del cabo Edgar Villamizar Espinel, además de Tirso Armando Sáenz Acero y Cesar Augusto Sánchez los cuales, según la Procuraduría, “son testigos indirectos” por lo que no deben ser tenidos en cuenta.
En el recurso presentado ante el alto tribunal se señala además que se incurrió en una violación directa de la Ley sustancial por parte del Tribunal Superior puesto que se pronunció sobre aspectos que no fueron objeto de decisión en la primera instancia, como la imposición del acto público de perdón ordenado al Gobierno y al alto mando de la estructura militar para con la comunidad y las víctimas, entre otros.
De igual forma, se denunció la violación directa de la Ley por haber fallado parcialmente el Tribunal frente a 9 de los 11 desaparecidos ordenando continuar la investigación, “en lugar de haber absuelto al coronel, al no hallar acreditada la materialidad del delito como lo impone la normatividad vigente”.
Por último, el Ministerio Público señala en su escrito que excluida la prueba “que fue incorporada ilegalmente” y después de analizar de manera correcta todos los elementos procesales presentados durante el juicio se debe casar la sentencia y consecuentemente absolver al coronel Luis Alfonso Plazas Vega.
via elespectador.com

Ratifican condena de 30 años de cárcel a coronel (r) Plazas Vega

VIVIAN SEQUERA, AP, COLPRENSA/ BOGOTÁ
Publicado el 31 Enero 2012

El coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, está detenido en una guarnición militar en Bogotá desde el 2007 y niega los cargos.
COLPRENSA

El Tribunal Superior de Bogotá ratificó en segunda instancia la condena en contra del coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega por el delito de “desaparición forzada”, informaron abogados de las víctimas. La condena, emitida en junio del 2010, había sido apelada por la defensa oficial.

El coronel retirado, quien fue el comandante de la Escuela de Caballería del ejército en Bogotá que encabezó la retoma del Palacio en 1985, es hasta ahora el primer oficial en ser condenado y cuya sentencia es ratificada por uno de los casos más emblemáticos y sangrientos de la turbulenta historia reciente de Colombia.

“Se ratificó la condena”, dijo en diálogo telefónico el abogado Rafael Barrios, del no gubernamental Colectivo de Abogados ‘José Alvear Restrepo’ y quien representa a parientas de las víctimas.

El abogado dijo, además, que el Tribunal Superior ordenó otras medidas como que el Estado pida perdón de forma pública, que ninguna guarnición militar del país pueda llevar el nombre del coronel Plazas Vega y que este permanezca recluido en una cárcel ordinaria y no en una instalación castrense.

Plazas Vega está detenido en una guarnición militar en Bogotá desde el 2007 y niega los cargos.

Para los familiares de las víctimas, la ratificación de la condena “es algo satisfactorio”, dijo por teléfono a The Associated Press, Alejandra Rodríguez, hija de Carlos Rodríguez, administrador de cafetería del Palacio y uno de los desaparecidos.

“Lo que ahora nosotros esperamos simplemente (es) que se cumpla la condena en su totalidad, que se cumpla lo que dice la sentencia”, agregó.

Jaime Granados, uno de los abogados defensores de Plazas Vega, reiteró a la radio RCN que no había pruebas concretas en contra el oficial y que llevarían el caso ante la Corte Suprema de Justicia.

Investigar a Belisario Betancur

Uno de los apartes de la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, precisa que se compulsen copias para que se investigue al expresidente Belisario Betancur, quien era el mandatario durante la toma al Palacio de Justicia los días 6 y 7 de noviembre de 1985.

“Se ordena compulsar copias para que se investigue con seriedad, profundidad y prontitud, la responsabilidad de Belisario Betancur en las desapariciones forzadas”, dijo el abogado Jorge Molano, quien representa los intereses de las víctimas.
via eluniversal.com.co

Tags: prologo libro injusticia colombia opinion

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