Prohiben salida del país a defensora de DDHH

Foro Penal, Derechos Humanos
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A.C. VIVE, FORO PENAL VENEZOLANO y FUERZA INTEGRADORA informan sobre el OPERATIVO DE RECEPCION DE DENUNCIAS por violación a los derechos humanos, casos de Detenciones arbitrarias, de agresiones, maltratos, torturas o asesinatos, durante la jornada electoral del domingo 2D.
Teléfonos: (212) 833 8125 – 8338134 – 8338137
0412-385 7634
0414- 2318059
0416-522 6327
Fax: 0212- 985 6468
E-mail : viveac01@yahoo.com
paraquetedefiendas@gmail.com
Foro Penal Venezolano, Vive y Fuerza Integradora, en Carta Abierta a Venezuela, “Ante las recientes reformas y añadidos planteados por la Asamblea Nacional al texto de las modificaciones a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela propuestas por Hugo Chávez Frías”, advierten a la Comunidad Nacional e Internacional.
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Lean para que vean como se bate el cobre en Venezuela. Y como contestan las mujeres venezolanas que no se arrodillan. Esta es la respuesta de Mónica Fernández a la diputada Desiree Santos Amaral, en la cual en una de sus partes le dice: “Usar la palestra de la Asamblea Nacional para cubrirse por detrás de la inmunidad parlamentaria, o recurrir a programas de televisión cuya finalidad son la difamación, envolverse en el manto de la autoridad para arremeter como fieras contra quienes piensan distinto, es la más clara muestra de su debilidad”. Martha Colmenares
(Actualizo 21 de julio, 8.52pm)
Artículo publicado el 21/07/07
Ministerio Público acusó a Mónica Fernández integrante del Foro Penal Venezolano
Omar Espaillat C. El Carabobeño
“Caracas, julio 20 (REDACTA).- El Tribunal 44 de Control Penal recibió la acusación del Ministerio Público contra la ex jueza 39 de Control, Mónica Fernández Sánchez, por la aprehensión del ex ministro del Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín, el 12 de abril de 2002.
La acusación la formalizó la fiscal Sexta Nacional, María Alejandra Pérez, quien acusó a la integrante del Foro Penal Venezolano por los delitos de privación ilegítima de libertad y abuso de autoridad, tipificados y sancionados en los artículos 175 y 176 del Código Penal”.
(Actualizo: 19 de julio, 3.25am. Este post de mi sitio ha sido tomado textualmente por Noticiero Digital)
NO DOBLEGARÉ MIS PRINCIPIOS NI VALORES ANTE NINGUNA AMENAZA DE QUIENES TIENEN PODER
La actitud de la Sra. Diputada Desiree Santos Amaral en el seno de la Asamblea Nacional el día de hoy, solicitando se me prive de la libertad, y aprobando enviar un oficio al Ministerio Público para que se reactive el caso por el cual fui imputada en el año 2004, sólo se constituye en una muestra más de la absoluta falta de independencia entre los Poderes Públicos, palpable al observar cómo el Poder Legislativo pretende darle una orden al Ministerio Público en un franco abuso de autoridad y en una clara intromisión de funciones con aquellas que le corresponderían al Fiscal General de la República..
Habla Santos Amaral que es impunidad tenerme en la calle, que es impunidad dejarme ejercer mi profesión, y peor aún permitírseme hablar de Derechos Humanos. Usar la palestra de la Asamblea Nacional para cubrirse por detrás de la inmunidad parlamentaria, o recurrir a programas de televisión cuya finalidad son la difamación, envolverse en el manto de la autoridad para arremeter como fieras contra quienes piensan distinto, es la más clara muestra de su debilidad.
El proceso penal injusto que se abrió en mi contra en el año 2002 ha pasado 5 años pendiendo sobre mi cabeza, pero creo que es importante recordarle a la Sra Amaral y al resto de aquellos que se han sentido afectados por mis acciones este fin de semana en defensa de los estudiantes y del profesor Marcos Carrillo, así como mi permanente denuncia sobre la politización de las instituciones, que posterior a la reapertura de ese proceso fui llamada por el mismo Tribunal Supremo de Justicia en comisión de servicio, elaboré allí el proyecto de Código Penal, fui felicitada por la Sala Plena, por haber obtenido el premio Joven Sobresaliente del Mundo 2003. Ni siquiera fui objeto de un procedimiento disciplinario administrativo por el Poder Judicial, al punto que fui yo quien renuncié al Poder Judicial, nadie me destituyó, para su frustración.
Es sólo en el 2004 cuando un fiscal arbitrario, el mismo que inventó un testigo para el caso Anderson, el mismo que hoy está acusado por abuso de autoridad y uso indebido de arma de fuego, que me imputa por privación ilegítima de libertad, delito que jamás cometí porque actué en absoluto cumplimiento de mis funciones, lo que mantuve firmemente el 12 de abril de 2002 y mantendré hoy y siempre, pues no tengo nada que esconder a diferencia de quienes se escondían temerosos durante esos días, o de los jueces aún activos hoy que rompieron órdenes de allanamiento en blanco, cuando ustedes regresaron al poder que habían abandonado. Continuación más adelante.
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Graves violaciones a los derechos humanos ha cometido Ejecutivo en las manifestaciones
Publicado el 14/06/07
Caracas, junio 13 (REDACTA).- Las asociaciones civiles, Foro Penal Venezolano y Vive, denunciaron que producto de las manifestaciones estudiantiles que han tenido lugar en el país desde el pasado 28 de mayo se registraron 154 lesionados. Sin embargo, según afirmaron sus voceros, el Ministerio Público no ha reconocido esta cantidad de heridos, violando así los derechos humanos de todos estos jóvenes.
Mónica Fernández, coordinadora del Foro Penal Venezolano, aseguró que los únicos responsables de que se hayan cometido este tipo de violaciones son los representantes del Poder Ejecutivo, Judicial y la Defensoría del pueblo, porque no se ha pronunciado.
“Un delito que se ha cometido por violación del derecho humano a la salud física y mental, es decir el hecho de la utilización de bombas lacrimógenas indebidamente, las lesiones, la no apertura de procedimientos, la criminalización, la vocería oficiales destinadas a discriminar en espacios públicos información, sin duda constituye la violación de este derecho humano”.
Fernández indicó que también se está violando el derecho a pensar y disentir, pues comentó que está comprobado que el que piensa distinto va a ser lesionado o va a ser detenido. “No se ha encontrado ningún espacio en el cual podamos comprobar que el derecho a disentir está siendo respetado por el Estado venezolano”.
Por su parte, Alfredo Romero, abogado y también miembro de esta organización, señaló que en la Constitución Bolivariana de Venezuela está consagrada la libertad de conciencia, libertad de expresión, el derecho a manifestar y el derecho de la integridad física.
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Mónica Fernández, del Foro Penal Venezolano, da cuenta de 3 mil perseguidos y 23 presos políticos distribuidos en la cárcel de Ramo Verde, Disip y Zona 2 de la Policía Metropolitana. La asociación, junto a dos ONG, introdujo un texto legal ante Secretaría del parlamento
18/05/2007
NACIONALES Abogados introducen en AN proyecto de Ley de Amnistía Política
El Tiempo
DEISY MARTÍNEZ
DERECHO. Himiob y Fernández esperan que ley sea discutida con prontitud en la AN
CARACAS.- Un proyecto de Ley sobre Amnistía y Reconciliación Política, que busca el cese de las persecuciones con tintes políticos, así como de los procesos penales e imputaciones a raíz de los sucesos de abril de 2002, introdujeron Organizaciones No Gubernamentales (ONG) ante la Secretaría de la Asamblea Nacional (AN).
El Foro Penal Venezolano (FPV), Víctimas Venezolanas de Violaciones a los Derechos Humanos (Vive) y Fuerza Integradora (FI) respaldaron la iniciativa con 18.999 firmas de ciudadanos inscritos en el Registro Electoral, más de 0,1% de lo exigido en la Constitución Nacional para ese propósito.
El texto comprende cinco artículos, el primero de los cuales concede amnistía general y plena a todas aquellas personas sometidas a investigación fiscal, administrativa o policial, o sean víctimas de persecución penal por parte de los órganos judiciales.
Larga lista
La lista de perseguidos, presos e imputados políticos es larga, según el FPV: 3 mil perseguidos por los hechos de abril (que están pidiendo asilo en su mayoría en Estados Unidos, Perú y Costa Rica) y el paro petrolero de 2002; además de 23 presos distribuidos en la cárcel de Ramo Verde, Disip y Zona 2 de la Policía Metropolitana.
“No se deja de tomar en cuenta a nadie, independientemente del tinte político de sus opiniones. Estamos tratando de que se construya un país desde la tolerancia, pero también por todas las personas que han sido perseguidas por el simple hecho de expresar sus ideas en contra del actual gobierno”, explicó Gonzalo Himiob Santomé, abogado del general Francisco Usón, condenado a cinco años de prisión por el delito de injuria a la Fuerza Armada Nacional
Himiob, junto a María del Pilar de Simonovis (esposa del comisario Iván Simonovis), y Mónica Fernández del FPV, entre otros, retó al parlamento a que dé una muestra de “gallardía y de verdadera participación popular”, y les otorgue un derecho de palabra en plenaria para defender la ley.
El diputado Juan José Molina, de la Comisión de Política Interior de la AN, expresó que el proyecto presentado por las ONG puede ser convertido en ley si cumple con los requisitos.
“Lo que no pueden pretender es valerse de condiciones legales para que violaciones de derechos humanos queden impunes”.
La cifra
300 imputados por causas políticas maneja el FPV. Fernández asegura que el alcalde de Chacao, Leopoldo López, es quien posee más imputaciones. Entretanto, los ex comisarios Iván Simonovis, Lázaro Forero y Henry Vivas se encuentran detenidos en la Disip. Alan Brewer Carías espera por asilo en Estados Unidos.