Martha Colmenares

La CIDH ha escuchado por primera vez testimonios sobre el 11 de Abril del 2002, y 7 de los fallecidos, representados por la organización VIVE, presidida por Mohamad Merhi, en la cual el Estado explicará por qué no hay condenados por las muertes.

“Esta fue una petición de VIVE, ONG coordinada por Mohamed Merhi, y los abogados Alfredo Romero, Gonzalo Himiod y Antonio Rosich, quienes en esta oportunidad serán los encargados de hablar sobre las muertes de Jesús Mohamad Capote, Johnny Palencia, Jesús Arellano, Juan Querales, José Gamallo, Orlando Rojas y Víctor Reinoso”. Una noticia en Venezuela que ha ocupado la atención de los medios. Martha Colmenares

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Actualización, 30 JULIO 07. 3.21PM:
Es el programa que sacó Globovision el domingo 29/07/07.
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Editorial 2001
Editorial del periódico 2001. La Comisión de la Verdad. Venezuela espera por justicia

Hoy, CIDH escucha testimonios víctimas del 11 Abril del 2002
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Primera Audiencia caso del 11A/2002 este 20 de julio en CIDH
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Libertad, libertad, libertad y siempre libertad…

Un excelente editorial del periódico venezolano 2001, del Bloque Dearmas, un medio de comunicación que ha venido destacando desde hace muchos años por estas reflexiones de portada que recogen el sentir del venezolano, con sus carencias, padecimientos y necesidad de justicia. Toca un tema que para la dirigencia política de entonces fue intrascendente: la “Comisión de la verdad”, por la masacre del 11 de abril del 2002. En consecuencia imperdonable, y muy particularmente no extraño a ninguno de los que nos representaron en el llamado Congreso y luego Asamblea Nacional, porque la exigencia de la justicia requería de compromiso y entrega, y eso no lo tuvieron, tampoco mucho les importó. De ahí entonces comenzó a reinar la impunidad. Martha Colmenares

La Comisión de la Verdad

Editorial del 2001

“Fácilmente estará contento y sosegado el que, de verdad, tiene la conciencia limpia”. Thomas de Kempis

Después de más de cinco años de los asesinatos del 11 de abril de 2002, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos abrió sus puertas, en Washington, para escuchar a los voceros de los familiares de siete de las víctimas y del Gobierno en relación con los cruentos hechos ocurridos ese día.

Los acusadores mostraron una maqueta del escenario y desde donde salieron los disparos que segaron la vida de diecinueve personas, pero sólo los familiares de siete de los fallecidos y cuatro heridos confiaron en la ONG Vive, para llevar el caso a Washington. Los acusadores mostraron cómo francotiradores desde diferentes lugares y pistoleros de Puente Llaguno, atacaron a tiros a los participantes de una marcha pacífica e inerme que protestaba contra el Gobierno del presidente Chávez.

Pasaron días, meses y cinco años después no ha habido acusados y menos condenados por esa repudiable acción que condujeron a esas muertes injustas. Tras los sucesos se habló en la Asamblea Nacional de la conformación de una Comisión de la Verdad, que jamás vio la luz por las prácticas dilatorias de los parlamentarios oficialistas. Por fin, el caso llega a instancias internacionales en vista que internamente nada se logró. Por cierto, los miembros de la CIDH se declararon sorprendidos luego de enterarse de la desaparición de las evidencias, denunciada por los acusadores.

Hoy se confirma que si esa Comisión de la Verdad hubiese actuado, tal vez sabríamos quiénes fueron los asesinos, pero fue misión imposible y la tal Comisión ni llegó a formarse. Gracias a la tenacidad de Vive y del señor Mohamed Merhi, cuyo hijo fue una de las víctimas, el caso pudo alcanzar las instancias internacionales.

El Gobierno ha querido imputar por lo sucesos a miembros de la Policía Metropolitana, que protegía a los manifestantes, y tres de sus oficiales y ocho agentes, como chivos expiatorios, pagan con años de cárcel pendientes de un juicio que no llega, porque presumiblemente no hay pruebas contra ellos.
Avergüenza que aún a estas alturas sigamos en el limbo y debió ser el Gobierno el primero en esclarecer esa aberrante masacre, pero más ha podido el silencio. Venezuela sigue en espera de justicia”.

Editorial 2001. La Comisión de la Verdad

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Libertad, libertad, libertad y siempre libertad…

Así como en el día de hoy en Venezuela ésta es la noticia más relevante, España debe conocerla, porque José Antonio Gamallo, de nacionalidad española, se cuenta entre los asesinados junto a otros compatriotas venezolanos, el 11 de abril del 2002, día de una marcha de más de 1.200.000 personas, que fue masacrada, en la cual cayeron 19 ciudadanos y hubo cientos de heridos de gravedad, con daños irreversibles.

Y en estos momentos la CIDH escuchará por primera vez testimonios sobre el 11 de Abril, y 7 de los fallecidos, quienes serán representados por la organización VIVE, presidida por Mohamad Merhi, en la cual el Estado explicará por qué no hay condenados por las muertes

“Esta fue una petición de VIVE, ONG coordinada por Mohamed Merhi, Alfredo Romero, Gonzalo Himiod y Antonio Rosich, quienes en esta oportunidad serán los encargados de hablar sobre las muertes de Jesús Mohamad Capote, Johnny Palencia, Jesús Arellano, Juan Querales, José Gamallo, Orlando Rojas y Víctor Reinoso”.

En España como lo he denunciado en otras publicaciones como en Debate21, se hicieron eco de cualquier basura noticiosa que les llegó, y se ponderó la infamia contra una mayoría de ciudadanos democráticos, entre los cuales, me cuento. Que gracias a Dios estoy viva, como otros tantos de esos más de millón y medio, que participamos, no así, un ciudadano español, José Antonio Gamallo, quien nos acompañaba como un solidario caballero honorable, consciente quizá también, que los días por venir serían rojos para nuestro país.

Le dieron un tiro en la cabeza, que lo mantuvo en coma y parapléjico, cuando testigos denunciaron que “los disparos procedieron de varios grupos de francotiradores miembros de los Círculos Bolivarianos, próximos a Chávez, que se apostaron en los edificios aledaños al palacio de Miraflores”. A José Antonio Gamallo, de 46 años, su madre Amelia Gamallo, padeciendo el dolor de tener a su hijo en coma, parapléjico, pudo llevárselo a Vigo, casi a los tres meses, un 9 de julio, para ser internado en una Residencia llamada Santa Cruz de Arrabaldo, perteneciente a la Fundación San Rosendo de Ourense, donde murió, un mes después, en agosto, por una complicación infecciosa en su organismo.

Este caso de los asesinados fue llevado a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en agosto del 2002, con el resultado que para el 11 de octubre del 2006, el organismo internacional admitió la petición para estudiar las muertes del 11A.

Hoy la CIDH, en Washington, escuchará por primera vez los testimonios sobre el 11 de Abril. Gracias a asociaciones como VIVE y al grupo de abogados que lo acompañan esto ha sido posible. No sabemos cuanto tiempo se llevará el que se haga justicia, pero constituye un paso más para alcanzarla y sabemos que Dios estará presente. A continuación las noticias que han destacado los medios de comunicación escritos, que hemos tomado de Megaresistencia, el digital que le ha dedicado especial relevancia. Martha Colmenares

Ultima Hora.- Actualizamos:
(03:23 PM) Gobierno rechaza trato propuesto por la CIDH
El Universal
Ver al final en leer más el reporte completo.

Publicado en Occidente Liberal

Publicado en España Liberal

Relacionados:
Washington.- El gobierno de Venezuela rechazó hoy una propuesta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de entrar en una solución amistosa con la defensa de siete de los 19 muertos en el golpe de estado de 2002.

La organización VIVE representará a siete de los fallecidos entre el 11 y 13 de abril de 2002. El Estado explicará por qué no hay condenados por las muertes
El Nacional. Vanessa Gómez Quiroz

Por primera vez desde hace cinco años, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos escuchará testimonios sobre los hechos del 11-A. Mañana, la CIDH continuará con su 128° período de sesiones, que inició ayer. Tanto el Estado venezolano como la organización no gubernamental VIVE expondrán ante los comisionados de esa instancia sus posiciones en relación con el 11-A. El caso fue admitido por la CIDH el 23 de octubre de 2006, a través del informe número 26/06 por petición de VIVE, ONG coordinada por Mohamed Merhi, Alfredo Romero, Gonzalo Himiod y Antonio Rosich, quienes en esta oportunidad serán los encargados de hablar sobre las muertes de Jesús Mohamad Capote, Johnny Palencia, Jesús Arellano, Juan Querales, José Gamallo, Orlando Rojas y Víctor Reinoso.
Tomado de Megaresistencia. Puede verse la noticia completa.
Por razones del largo del texto su final en este sitio está en la parte donde dice leer más.

Exponen testimonios en la CIDH sobre hechos de abril de 2002. Viernes, 20 de julio de 2007
El Universal. Iralis Fragiel / Karina Arteaga

Tanto representantes del Estado venezolano como los abogados de la organización de Víctimas Venezolanas de Violaciones a los Derechos Humanos (VIVE) expusieron hoy su visión sobre los hechos del 11 de abril de 2002 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, Estados Unidos. El agente del Estado para los Derechos Humanos, Germán Saltrón, también mostró su visión sobre lo que ocurrió hace cinco años en las cercanías del Palacio de Miraflores y los hechos violentos de ese año.

El organismo adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA) admitió el pasado 23 de octubre de 2006 la denuncia que los integrantes de VIVE, Alfredo Romero, Gonzalo Himiob, Antonio Rosich y Mohamad Merhi, interpusieron contra Venezuela “por vulnerar las garantías fundamentales a la vida, integridad personal, reunión y a la libre circulación”.
Tomado de megaresistencia
Por razones del largo de los textos su final se encuentra a continuación.
Desde la Organization of American Status, la audiencia.
Audiencia en vivo aquí

Estaremos actualizando el curso de esta audiencia.

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Lean para que vean como se bate el cobre en Venezuela. Y como contestan las mujeres venezolanas que no se arrodillan. Esta es la respuesta de Mónica Fernández a la diputada Desiree Santos Amaral, en la cual en una de sus partes le dice: “Usar la palestra de la Asamblea Nacional para cubrirse por detrás de la inmunidad parlamentaria, o recurrir a programas de televisión cuya finalidad son la difamación, envolverse en el manto de la autoridad para arremeter como fieras contra quienes piensan distinto, es la más clara muestra de su debilidad”. Martha Colmenares
(Actualizo 21 de julio, 8.52pm)
Artículo publicado el 21/07/07
Ministerio Público acusó a Mónica Fernández integrante del Foro Penal Venezolano
Omar Espaillat C. El Carabobeño
“Caracas, julio 20 (REDACTA).- El Tribunal 44 de Control Penal recibió la acusación del Ministerio Público contra la ex jueza 39 de Control, Mónica Fernández Sánchez, por la aprehensión del ex ministro del Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín, el 12 de abril de 2002.

La acusación la formalizó la fiscal Sexta Nacional, María Alejandra Pérez, quien acusó a la integrante del Foro Penal Venezolano por los delitos de privación ilegítima de libertad y abuso de autoridad, tipificados y sancionados en los artículos 175 y 176 del Código Penal”.

(Actualizo: 19 de julio, 3.25am. Este post de mi sitio ha sido tomado textualmente por Noticiero Digital)

NO DOBLEGARÉ MIS PRINCIPIOS NI VALORES ANTE NINGUNA AMENAZA DE QUIENES TIENEN PODER

La actitud de la Sra. Diputada Desiree Santos Amaral en el seno de la Asamblea Nacional el día de hoy, solicitando se me prive de la libertad, y aprobando enviar un oficio al Ministerio Público para que se reactive el caso por el cual fui imputada en el año 2004, sólo se constituye en una muestra más de la absoluta falta de independencia entre los Poderes Públicos, palpable al observar cómo el Poder Legislativo pretende darle una orden al Ministerio Público en un franco abuso de autoridad y en una clara intromisión de funciones con aquellas que le corresponderían al Fiscal General de la República..

Habla Santos Amaral que es impunidad tenerme en la calle, que es impunidad dejarme ejercer mi profesión, y peor aún permitírseme hablar de Derechos Humanos. Usar la palestra de la Asamblea Nacional para cubrirse por detrás de la inmunidad parlamentaria, o recurrir a programas de televisión cuya finalidad son la difamación, envolverse en el manto de la autoridad para arremeter como fieras contra quienes piensan distinto, es la más clara muestra de su debilidad.

El proceso penal injusto que se abrió en mi contra en el año 2002 ha pasado 5 años pendiendo sobre mi cabeza, pero creo que es importante recordarle a la Sra Amaral y al resto de aquellos que se han sentido afectados por mis acciones este fin de semana en defensa de los estudiantes y del profesor Marcos Carrillo, así como mi permanente denuncia sobre la politización de las instituciones, que posterior a la reapertura de ese proceso fui llamada por el mismo Tribunal Supremo de Justicia en comisión de servicio, elaboré allí el proyecto de Código Penal, fui felicitada por la Sala Plena, por haber obtenido el premio Joven Sobresaliente del Mundo 2003. Ni siquiera fui objeto de un procedimiento disciplinario administrativo por el Poder Judicial, al punto que fui yo quien renuncié al Poder Judicial, nadie me destituyó, para su frustración.

Es sólo en el 2004 cuando un fiscal arbitrario, el mismo que inventó un testigo para el caso Anderson, el mismo que hoy está acusado por abuso de autoridad y uso indebido de arma de fuego, que me imputa por privación ilegítima de libertad, delito que jamás cometí porque actué en absoluto cumplimiento de mis funciones, lo que mantuve firmemente el 12 de abril de 2002 y mantendré hoy y siempre, pues no tengo nada que esconder a diferencia de quienes se escondían temerosos durante esos días, o de los jueces aún activos hoy que rompieron órdenes de allanamiento en blanco, cuando ustedes regresaron al poder que habían abandonado. Continuación más adelante.

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La Asociación Civil VIVE, a nombre de su presidente Mohamad Merhi está reportando a la opinión pública, según nota anexa, que el 20 de julio próximo (2007), se celebrará “Primera Audiencia de Fondo ante La CIDH sobre Caso del 11 de Abril de 2002. Martha Colmenares

”El próximo viernes 20 de julio, a las 11.00 am se celebrará en Washington la primera audiencia pública (con acceso de medios de comunicación) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, sobre el fondo de los asesinatos ocurridos el 11 de abril de 2002. Esta es la primera vez luego del 11A que estaremos en el mismo estrado con los representantes del Estado venezolano. Como saben nosotros representamos a 7 de los asesinados y 5 heridos de bala. En esta audiencia ambas partes en 1h 30 mins expondrán ante los miembros de la CIDH su versión de los hechos ocurridos. En un tiempo reducido presentaremos por primera vez ante este organismo nuestro planteamiento sobre los hechos, acompañado de fotografías, videos y evidencias. Los expositores por las víctimas del 11A serán los abogados Alfredo Romero y Gonzalo Himiob, acompañados por el Presidente de VIVE, Mohamad Merhi, quienes plantearán la responsabilidad del Estado en estos hechos.
Ya el Estado confrimó su asistencia y en pocos días informaremos sobre quiénes
serán los asistentes por parte del Gobierno Nacional”.
Mohamad Merhi
Alfredo Romero”

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Freddy Carrizo es el hijo menor de esa insigne mujer luchadora, tan querida y respetada en el pueblo de Machiques, Estado Zulia, donde nació y vivió, a quien la Guardia Nacional, le metió un tiro por la espalda, y el crimen ha quedado impune.

Cuando el brutal asesinato de Evangelina Carrizo ocurrió, le pedí a Dios que me diera la oportunidad de algún día conocer a su hijo. Yo pensaba en el hijo mayor, creí que era el único que tenía, para poder expresarle lo que me había conmovido la muerte de su madre. Pero había otro, para ese entonces tenía 15 años, y al cabo de 3 años, quien nos da este testimonio, me ubicó a través de Internet. Así pues, se me concedió ese deseo de conocerlo, de darle ese gran abrazo, y mucho más, al encontrarme con un joven maravilloso, que apenas con 18 años posee un coraje natural, a pesar de su carga de dolor, de una madurez a destiempo, hecho hombre aún niño, conserva su dulzura, capaz como es de cautivarnos e infundirnos fuerza. Hoy, ese gran afecto que nos une me compromete más en la exigencia de la justicia. Martha Colmenares

Y aquí está Freddy en este video, en la exigencia de la justicia por el asesinato de su madre Evangelina Carrizo, en una narración de hechos no todos conocidos que nos han causado profunda indignación y desconsuelo.

Tomado de Megaresistencia

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El relacionado a continuación, un especial sobre el caso de Evangelina Carrizo fue reportado por el “Venezolano Puro”, de nuestros más claros y prominentes blogueros, de especial sensibilidad ante estos hechos infames.

“La conclusión es que Evangelina Carrizo fue asesinada de un tiro en la espada por Guardias Nacionales y que la fiscalía de Venezuela está haciendo lo imposible por no castigar a los culpables homicidas. Mientras eso sucede, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia cantan al unísono “¡Uh… Ah, Chávez no se va!”… así es la Venezuela revolucionaria”.

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“¿Cuál es el sentido de este manejo sesgado de la justicia, especialmente de la justicia penal, a cargo del poder en Venezuela?. ¿Será que estamos en presencia de un esquema generalizado y sistemático de represión, por la vía legal (que no legítima) de la disidencia?”. Es parte del contenido del documento que nos anexa el abogado Gonzalo Himiob, de su última entrega para el semanario “Siete Días Venezuela”, titulada:

Recomendamos ampliamente su lectura. Martha Colmenares

“Criminalización de la Disidencia”.
Gonzalo Himiob Santomé
ghimiobs@hotmail.com

Entre 1.763 y 1764, Cesare Beccaria escribió una de las obras cumbres del liberalismo humanista penal, “De los delitos y de las penas”. Esta obra, conjuntamente con las obras de John Howard (“El Estado de las Prisiones”, 1.777) y las publicaciones previas de Tomás Moro (especialmente “Utopía” de 1.516); es una referencia humanista obligada para cualquier persona que desee adentrarse en el estudio del derecho penal, de las penas y, más concretamente, de las formas de vinculación entre el “poder de castigo” (el denominado ius puniendi) y los ciudadanos.

La relectura de “De los delitos y de las penas” nos sorprende por la innegable vigencia actual de muchos de los planteamientos contenidos en esta obra, vigencia que no sólo es grata por la preclaridad de sus ideas, sino por el hecho de haber sido planteadas por Beccaria cuando éste contaba con apenas 25 años de edad. Muestra ello de que, como ocurre hoy día en Venezuela, el espíritu indomable de la juventud siempre ha sido un factor importantísimo en el cambio social y, más allá, en las luchas ciudadanas contra el poder cuándo éste es ejercido de manera irracional y arbitraria.

De esta obra, escrita hace más de dos siglos, rescato en este momento uno de sus párrafos más esclarecedores sobre el uso que el poder ha dado, desde siempre, a la herramienta de la ley, especialmente de la ley penal. Nos dice en sus primeras páginas Beccaria lo siguiente: “…Abramos la historia y veremos que las leyes, que son o debieran ser pactos entre hombres libres, no han sido generalmente más que el instrumento de las pasiones de unos pocos, o han nacido de una fortuita y pasajera necesidad; no han sido dictadas por un frío observador de la naturaleza humana, que concentrase en un punto las acciones de la multitud de hombres y las considerase desde este punto de vista: la máxima felicidad repartida entre el mayor número…”,
Beccaria nos recuerda desde el pasado una verdad incuestionable: la ley, y especialmente la ley penal, no ha sido históricamente más que la herramienta de los pocos, de los que ejercen el poder (del poder político, religioso, económico o mediático), para el control de quienes, por razones coyunturales, le adversan o pueden resultarle incómodos.

Y es esto lo que lamentablemente ocurre hoy, en relación al ejercicio del poder político, en nuestro país.

Las demostraciones de ello son patentes en el tratamiento que, tanto el Ministerio Público como los tribunales han dado a quienes, desde el movimiento estudiantil y desde la ciudadanía en general han levantado su voz contra el cierre de RCTV. (more…)

Graves violaciones a los derechos humanos ha cometido Ejecutivo en las manifestaciones
Publicado el 14/06/07

Caracas, junio 13 (REDACTA).- Las asociaciones civiles, Foro Penal Venezolano y Vive, denunciaron que producto de las manifestaciones estudiantiles que han tenido lugar en el país desde el pasado 28 de mayo se registraron 154 lesionados. Sin embargo, según afirmaron sus voceros, el Ministerio Público no ha reconocido esta cantidad de heridos, violando así los derechos humanos de todos estos jóvenes.

Mónica Fernández, coordinadora del Foro Penal Venezolano, aseguró que los únicos responsables de que se hayan cometido este tipo de violaciones son los representantes del Poder Ejecutivo, Judicial y la Defensoría del pueblo, porque no se ha pronunciado.

“Un delito que se ha cometido por violación del derecho humano a la salud física y mental, es decir el hecho de la utilización de bombas lacrimógenas indebidamente, las lesiones, la no apertura de procedimientos, la criminalización, la vocería oficiales destinadas a discriminar en espacios públicos información, sin duda constituye la violación de este derecho humano”.

Fernández indicó que también se está violando el derecho a pensar y disentir, pues comentó que está comprobado que el que piensa distinto va a ser lesionado o va a ser detenido. “No se ha encontrado ningún espacio en el cual podamos comprobar que el derecho a disentir está siendo respetado por el Estado venezolano”.

Por su parte, Alfredo Romero, abogado y también miembro de esta organización, señaló que en la Constitución Bolivariana de Venezuela está consagrada la libertad de conciencia, libertad de expresión, el derecho a manifestar y el derecho de la integridad física.
(more…)

Mónica Fernández, del Foro Penal Venezolano, da cuenta de 3 mil perseguidos y 23 presos políticos distribuidos en la cárcel de Ramo Verde, Disip y Zona 2 de la Policía Metropolitana. La asociación, junto a dos ONG, introdujo un texto legal ante Secretaría del parlamento
18/05/2007
NACIONALES Abogados introducen en AN proyecto de Ley de Amnistía Política
El Tiempo
DEISY MARTÍNEZ

DERECHO. Himiob y Fernández esperan que ley sea discutida con prontitud en la AN

CARACAS.- Un proyecto de Ley sobre Amnistía y Reconciliación Política, que busca el cese de las persecuciones con tintes políticos, así como de los procesos penales e imputaciones a raíz de los sucesos de abril de 2002, introdujeron Organizaciones No Gubernamentales (ONG) ante la Secretaría de la Asamblea Nacional (AN).

El Foro Penal Venezolano (FPV), Víctimas Venezolanas de Violaciones a los Derechos Humanos (Vive) y Fuerza Integradora (FI) respaldaron la iniciativa con 18.999 firmas de ciudadanos inscritos en el Registro Electoral, más de 0,1% de lo exigido en la Constitución Nacional para ese propósito.

El texto comprende cinco artículos, el primero de los cuales concede amnistía general y plena a todas aquellas personas sometidas a investigación fiscal, administrativa o policial, o sean víctimas de persecución penal por parte de los órganos judiciales.

Larga lista
La lista de perseguidos, presos e imputados políticos es larga, según el FPV: 3 mil perseguidos por los hechos de abril (que están pidiendo asilo en su mayoría en Estados Unidos, Perú y Costa Rica) y el paro petrolero de 2002; además de 23 presos distribuidos en la cárcel de Ramo Verde, Disip y Zona 2 de la Policía Metropolitana.

“No se deja de tomar en cuenta a nadie, independientemente del tinte político de sus opiniones. Estamos tratando de que se construya un país desde la tolerancia, pero también por todas las personas que han sido perseguidas por el simple hecho de expresar sus ideas en contra del actual gobierno”, explicó Gonzalo Himiob Santomé, abogado del general Francisco Usón, condenado a cinco años de prisión por el delito de injuria a la Fuerza Armada Nacional

Himiob, junto a María del Pilar de Simonovis (esposa del comisario Iván Simonovis), y Mónica Fernández del FPV, entre otros, retó al parlamento a que dé una muestra de “gallardía y de verdadera participación popular”, y les otorgue un derecho de palabra en plenaria para defender la ley.

El diputado Juan José Molina, de la Comisión de Política Interior de la AN, expresó que el proyecto presentado por las ONG puede ser convertido en ley si cumple con los requisitos.

“Lo que no pueden pretender es valerse de condiciones legales para que violaciones de derechos humanos queden impunes”.

La cifra
300 imputados por causas políticas maneja el FPV. Fernández asegura que el alcalde de Chacao, Leopoldo López, es quien posee más imputaciones. Entretanto, los ex comisarios Iván Simonovis, Lázaro Forero y Henry Vivas se encuentran detenidos en la Disip. Alan Brewer Carías espera por asilo en Estados Unidos.

Caracas, sábado 19 de mayo, 2007
Nacional y Política
El Universal

Foro Penal denuncia política de violación de derechos humanos

El Foro Penal Venezolano manifestó este viernes su preocupación por la “política sistemática de violación de derechos humanos” que considera lleva a cabo el Gobierno, y de la cual “el cierre” de Radio Caracas Televisión forma parte.

Mónica Fernández, representante del Foro Penal, indicó que la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitida ayer, que declaró sin lugar un amparo introducido por Marcel Granier a favor de RCTV, es evidencia de que “la vía interna en Venezuela pareciera estar agotada”.

“Si los venezolanos no tenemos una Defensoría del Pueblo donde acudir, el defensor del Pueblo se ha mostrado absolutamente en silencio con relación a la coerción en el ejercicio de la libertad de expresión. El Ministerio Público ha dado muestras claras de politización; el TSJ, a pesar de que aún tiene ocho decisiones pendientes, yo creo que es muy difícil que se pueda confiar en una Sala Constitucional que reiteradamente se ha mostrado parcializada por razones de índole política y no con argumentos jurídicos”, dijo.

La representante del Foro Penal aseveró que, además en este caso, está en juego la violación de otros derechos, además de la libertad de expresión: el ejercicio de la profesión por parte de los periodistas y el derecho al trabajo, entre otros