
Sería un atropello una reforma a la ley existente que estima “que la donación de órganos se realiza sólo cuando en vida el futuro donante manifieste su voluntad de trasplantar sus órganos o si los familiares de este, una vez muerto, expresan su consentimiento por escrito”. Ahora, desde la Asamblea Nacional, se pretende “que cualquier muerto debe donar órganos, salvo a que en vida haya manifestado no hacerlo”. El espíritu de la ley vigente debe prevalecer, lo contrario se prestará para que se actúe en contra de la voluntad de la persona. Por ejemplo, si alguien por desconocimiento de la ley o por causa de equis circunstancia que no haya podido realizar el trámite de la declaración en vida, al morirse quedaría expuesto a la voluntad de otros y no precisamente a la propia o a la de sus herederos. No estoy de acuerdo con esto, y me parece un horror, más cuando se trata de un país donde ahora cualquier diligencia se convierte en una tragedia. Con todo lo meritorio que pueda ser y aunque cuente con la aprobación de la Iglesia en el caso de los católicos, la donación de órganos es y debe ser un asunto voluntario contraria a este concepto de “donación presunta” que se pretende imponer.
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