
La generalidad es que el régimen o sus allegados se permiten acusar primero y averiguar después, lo estamos viviendo. Por una parte, sucede con las personas, evidente en el caso de los presos o perseguidos por razones políticas por ejemplo. Se emite juicio, sus nombres se irrespetan, se les dice “corruptos”, “ladrones”, que merecen “cadena perpetua”. Se trata de personas sin sentencias, sin ni siquiera haber comenzado un juicio, un evidente irrespeto al principio de la presunción de inocencia, al derecho a la defensa. Igual ocurre con las empresas y sus dueños ajenas al oficialismo o que no responden a los intereses del chavismo. Lo estamos viendo en el sector inmobiliario, se da como un hecho la comisión de un delito por una acusación de cualquiera. Ya lo de la prueba, lo que se llama ahora elementos de convicción, ni importa. Cualquiera condena y punto, asunto bastante grave. En este sentido, el presidente de la Cámara Inmobiliaria responde a los ataques contra las compañias de construcción, y ha solicitado “que no se condene a sus miembros sin darles la posibilidad de defenderse y de explicar las causas que presuntamente les llevaron a incumplir los acuerdos con los compradores”.
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